Por Ricardo Runza

Introducción

Toda la sociedad argentina tiene la percepción que el Estado argentino falla cuando tiene que asumir sus responsabilidades de prevención, respuesta y mitigación a las amenazas y riesgos a su seguridad. No hay individuo alguno en la Argentina que no comparta el temor y la sensación de indefensión que existe en toda nuestra comunidad. La realidad misma, manifestada a través de los innumerables casos de inseguridad estratégica del Estado y de seguridad pública, es contundente.

La gravedad de los hechos es tal que ahora traspasa la frontera propia y tanto países vecinos como otros Estados externos a la región perciben y empiezan a sufrir por sí mismos las consecuencias de los síntomas severos de Estado fallido que presenta la República Argentina. Esto se ve reflejado en documentos oficiales de la ONU, de la Comunidad Europea y de otros Estados Nacionales que son de conocimiento público. No hay forma de ocultar esta situación.

Desde 1983, el Sector Seguridad del Estado argentino (es decir, todos los organismos de los tres poderes del Estado nacional y de todos los Estados provinciales y municipales con responsabilidades y funciones para prevenir, responder y mitigar amenazas y riesgos naturales o antrópicos a la seguridad) ha sufrido una degradación tal  que, en casi treinta años, lo ha llevado ha perder las capacidades propias que todo Estado moderno tiene, para prevenir, responder y mitigar amenazas y riesgos a la seguridad, para que éstas se minimicen y dentro de lo posible y probable no se transformen en hechos concretos de inseguridad internacional, nacional o pública.

Esto ha ocurrido al mismo tiempo que las principales amenazas antrópicas a la seguridad han mutado de naturaleza y potenciado su virulencia en comparación con el pasado, en donde las amenazas a la seguridad internacional y nacional que tenían los Estados eran principalmente de orden bélico y las amenazas a la seguridad pública que tenían los individuos estaban circunscriptas a la delincuencia común o a las catástrofes naturales.

Pero esta pérdida de capacidades ha ocurrido, paradójicamente, cuando los recursos tecnológicos para la seguridad han aumentado exponencialmente, lo que indica que el Sector se ha degradado también por factores cualitativos más que cuantitativos, entre otras cosas.

Fronteras abiertas y sin control. Espacios aéreo, fluvial y marítimo sin presencia del Estado. Enormes extensiones de territorio y rutas terrestres liberadas. Áreas urbanas abandonadas o con pobre presencia de los organismos que integran el Sector Seguridad del Estado. Todo lo necesario para que las nuevas amenazas antrópicas (es decir, aquellas generadas por el hombre) a la seguridad encuentren un caldo de cultivo ideal para la expansión de sus actividades, tal como sucede en los países menos civilizados y desarrollados del planeta.

A este panorama, se le suma que las principales fuerzas y agencias abocadas a la seguridad del Poder Ejecutivo nacional y de los Poderes Ejecutivos de las provincias se encuentran en un franco deterioro profesional, operativo, logístico, doctrinario, organizativo, de despliegue, de alistamiento y sostenimiento de sus medios humanos y materiales.

Los Poderes Legislativos se han desatendido casi completamente de sus responsabilidades en este campo.

Los Poderes Judiciales no actúan con eficiencia y oportunidad y su estructura orgánica funcional se encuentra saturada y sobrepasada por la carga de casos y los pobres incentivos que poseen jueces y fiscales para mejorar la calidad de su servicio.

Al mismo tiempo, los Poderes Ejecutivos de los Estados municipales intentan brindar a la ciudadanía algún servicio en esta materia pero, salvo aquellos municipios más ricos, en general, todos colapsan en el intento por su propia insolvencia fiscal y su actual jurisdicción geográfica y política; diseñada ésta para satisfacer las necesidades de “caja” y de poder territorial de la elite política, no para generar políticas públicas sustentables y sostenibles desde el nivel municipal que beneficien a la sociedad.

Inmersos en un marco legal propio de un Estado provincial unitario, los Poderes Legislativos municipales quedan paralizados ante el vacío legal  existente para su propio ámbito en este campo específico.

Es entonces cuando la acción en este nivel se produce sólo con el apoyo financiero de los Estados provinciales y nacional y la seguridad pasa a ser otro perverso mecanismo para ejercer el poder de arriba hacia abajo, con las nefastas consecuencias que acarrea este modo de hacer política en el país.

El Estado en nuestro país ha dejado de ser federal para ser uno de orden feudal y el medieval sistema de vasallaje político que ahora existe ocasiona inocultables consecuencias en el actual Sector Seguridad del Estado argentino y en su performance estratégica y operativa.

Por otro lado, en pleno siglo XXI, la elite política argentina no ha mejorado. Ha empeorado. Su cultura y sus actuales usos y costumbres tienen un impacto notable en el diseño y régimen orgánico funcional del Sector Seguridad del Estado argentino. Sus ideas políticas han contribuido a que las cosas se encuentren en el estado en que se encuentran en perjuicio de la sociedad y sus integrantes.

Por eso, el lector debe tener en cuenta que cuando se habla de seguridad en la Argentina se lo hace de manera diferente a como se hace en los países desarrollados. La gestión de la prevención (es decir, la gestión de amenaza y la gestión de vulnerabilidad), la gestión de respuesta y la gestión de mitigación se realizan en nuestro país de manera diferente tal como se entiende técnicamente en casi toda la comunidad internacional. Para nosotros la seguridad nacional no existe. Los conceptos de seguridad interior, seguridad pública y seguridad ciudadana son sinónimos, no conceptos diferentes, tal como se entiende en el resto del mundo. La seguridad internacional aquí es una cuestión de potencias extranjeras. No nuestra.

Todo el descalabro técnico conceptual que existe en esta materia permite entender porque nuestros políticos actúan como lo hacen a nivel provincial, nacional e internacional. Para ellos es natural que los gendarmes cumplan funciones de policías. Todo es lo mismo. Inclusive, víctimas y victimarios.

Este proceso lamentablemente se inició cuando nuestra elite política, en pos de la búsqueda del aseguramiento de su preeminencia para ejercer el poder en nuestra sociedad, decidió debilitar el Sector Seguridad del Estado argentino sin medir sus consecuencias, actuando como si hubieran llevado un péndulo de un extremo al otro, como una especie de reacción contraria al Sector Seguridad del Estado que existía antes de 1983 y que  durante décadas, de mano de las fuerzas armadas, actuó políticamente derrocando gobiernos elegidos democráticamente, asumiendo el poder en el Estado argentino numerosas veces y luego también combatiendo a los grupos terroristas locales que actuaban en ese entonces.

La elite política argentina no fue capaz de sanar los males del Sector sin minar su capacidad de prevención, respuesta y mitigación. No tuvo la visión estratégica para actuar en los asuntos del Estado relacionados con la seguridad de cara al futuro y las amenazas a la seguridad que podían surgir. No fue idónea para cambiar lo que había que cambiar y mantener lo que había que mantener. El Sector Seguridad del Estado argentino no pudo configurarse, con la vuelta a la democracia, como uno propio de un Estado republicano y federal moderno tal como sucede por ejemplo en Alemania o en los EEUU.  Muchas distorsiones que ya tenía este Sector durante el siglo XX se fueron profundizando en algunos casos y en otros se fueron creando algunas otras nuevas. Todas ellas, ahora sumadas, son los causales profundos de los síntomas de Estado fallido que presenta este Sector.

Los problemas policiales, penitenciarios, legislativos, judiciales, militares, de inteligencia, etc. que son fácilmente perceptibles son consecuencia de otros más profundos, de orden político e ideológico y -en especial- de diseño del Estado, de sus jurisdicciones componentes  y de su régimen orgánico funcional.

Toda esta degradación tan catastrófica ha ocurrido por completa responsabilidad de una elite política que NO reconoce esta situación o lo hace muy parcialmente y que fundamentalmente NO HACE autocrítica alguna de sus errores; producidos, ya sea en el ejercicio de gobierno o en la oposición.

Debe quedarle claro al lector de este artículo que este desastre no ha sido casual. Ha sido consecuencia de determinados y exclusivos intereses personales y políticos de nuestra elite política que, en casi treinta años y con una reforma constitucional de por medio, ha destruido los cimientos sobre los que se apoyaba el diseño orgánico funcional del Sector Seguridad de un Estado republicano y federal, tal como teóricamente fue concebido el Estado argentino en 1853, para cambiarlos por otros que ahora fallan y que además no son propios de un Estado republicano y federal, tal como muestra la experiencia internacional comparada.

Por lo expuesto, los problemas actuales del Sector Seguridad del Estado argentino no se solucionan con simples medidas administrativas, operativas o de gestión, tal como ahora pregonan candidatos a cargos legislativos y algunos responsables en cargos ejecutivos a nivelo nacional o provincial. Es necesario revisar los cimientos, descubrir las fallas y hacer las reparaciones difíciles y complejas para que las paredes no sigan cayéndose. Juan Bautista Alberdi nos da algunas ideas al respecto para orientar la acción de cambio sin temor a equivocarnos.[1]

Propuesta de solución a los problemas estructurales de seguridad desde una mirada Alberdiniana

Alberdi no era un experto en seguridad, ni en el diseño técnico de un Sector Seguridad, pero el Estado por él pergeñado, en 1853, derivó en la configuración de uno para un Estado republicano y federal para el siglo XIX y los problemas que enfrentaba la sociedad de ese entonces para organizarse.

Este Sector fue configurado en base a las ideas claras que Alberdi tenía en cuanto a la importancia que él le daba a la seguridad y su vinculación con el progreso de una sociedad y con la civilización.

No obstante, cabe aclarar que el Estado republicano que surge de la Constitución Nacional de 1853 era imperfectamente federal. Algunos poderes fueron diseñados sin seguir los parámetros de diseño típicos de los Estados federales. Con el tiempo, varias instituciones sufrieron una degradación acentuada por los errores originales de diseño, luego por las malas implementaciones realizadas y fundamentalmente por las distorsiones unitarizantes, que a lo largo del tiempo fueron haciendo al Estado argentino cada vez menos federal y a los Estados provinciales en Estados cada vez más unitarios hacia adentro de sus propias jurisdicciones.

Tomando en cuenta estas consideraciones previas, para solucionar los problemas estructurales del Sector Seguridad del Estado argentino desde una mirada Alberdiniana, es decir, desde una visión republicana y federal es necesario:

1) En la Sociedad:

  • Instaurar los conceptos de Seguridad que se aceptan en la comunidad internacional, especialmente en los Estados republicanos y federales más civilizados del planeta.
  • Hacer conocer y volver a creer en las principales ideas rectoras de Alberdi en materia de Seguridad.
  • Reinstalar los derechos de seguridad y garantías de orden propuestas por Alberdi.
  • Consolidar la idea que para lograr nuestro progreso y nuestra seguridad en el futuro es necesario volver a la Constitución Nacional de 1853, con aquellas modificaciones necesarias que imponen las nuevas circunstancias del siglo XXI, especialmente en el diseño del Estado para que éste sea más federal y más republicano.

2) En el Estado Nacional:

2.1) En el Poder Legislativo:

  • Instaurar la idea que el Congreso Nacional es parte del Sector Seguridad del Estado.
  • Este Poder es un actor principal e indispensable en materia de prevención de amenazas y riesgos a la Seguridad, para permitirle al Poder Ejecutivo gestionar amenazas y aquellas vulnerabilidades que se posee frente a ellas, a los efectos que las mismas no se transformen en un hecho concreto de inseguridad.
  • Consolidar la idea que este Poder es el principal actor para llevar a cabo el control de la efectividad y la eficiencia del Sector Seguridad del Estado.
  • Es necesario romper con la cultura y las prácticas feudales por las cuales un legislador debe vasallaje a un caudillo superior extra-poder.
  • Cada legislador debe asumir las responsabilidades y funciones en materia de seguridad que le competen, especialmente aquellos que integran las Comisiones Legislativas vinculadas con la Seguridad.
  • Realizar las reformas legislativas necesarias para llevar al Sector Seguridad del Estado argentino a una nueva performance orgánica funcional para brindar un servicio de calidad conforme a las expectativas de la sociedad.

2.2) En el Poder Judicial:

  • Instaurar la idea que el Poder Judicial es parte del Sector Seguridad del Estado.
  • Fijar la idea que este Poder es un actor principal en materia de mitigación de amenazas y riesgos a la Seguridad, especialmente de aquellas antrópicas con tipificación penal.
  • Es necesario romper con la cultura y las prácticas feudales por las cuales un Juez debe vasallaje a un caudillo superior extra-poder.
  • Consolidar la idea que una larga estabilidad en el cargo de un Juez es un incentivo contrario a la calidad de servicio de este Poder. 150 años de experiencia son contundentes en este sentido.
  • Instaurar una reforma orgánica funcional integral de este Poder, a los efectos de simplificar su esquema orgánico funcional siguiendo el modelo anglosajón de los EEUU.
  • Incorporar nuevos incentivos a la eficiencia y a la calidad del servicio judicial mediante la incorporación de nuevos instrumentos de control ciudadano.
  • Cumplir con el viejo mandato constitucional de 1853 para limitar el poder de los jueces, a través de la participación ciudadana en tribunales por jurados.

2.3) En el Poder Ejecutivo:

2.3.1) En los Ministerios, Secretarías, Agencias, Fuerzas, Servicios, Direcciones y Departamentos:

  • Instaurar la idea que el Poder Ejecutivo es parte del Sector Seguridad del Estado pero que no es el único Poder involucrado en el Sector Seguridad del Estado argentino.
  • Consolidar la idea que el Poder Ejecutivo es quien lleva a cabo la gestión de prevención de amenazas a la seguridad, es decir la gestión de cada amenaza y la gestión de cada vulnerabilidad que se posea frente a ella, a los efectos de que éstas se minimicen o no se transformen en hechos concretos de inseguridad.
  • Consolidar la idea que el Poder Ejecutivo es quien lleva a cabo la gestión de respuesta a cada hecho de inseguridad y es además quien ejecuta las gestiones de mitigación, salvo en aquellas amenazas antrópicas tipificadas penalmente en donde esta responsabilidad es compartida con el Poder Judicial y subordinada a la decisión emanada por este Poder.
  • Planificar la acción del Poder Ejecutivo a través de una Política de Seguridad del cual deriven todas las Políticas subsecuentes y una Estrategia de Seguridad, tal como se hace en casi todos los países que integran el G20.
  • Realizar una profunda reforma orgánica funcional de todos los componentes del Poder Ejecutivo que participan en el Sector Seguridad del Estado conforme a los cambios que surgen en cada estructura orgánica funcional de cada dirección, servicio, agencia, fuerza, secretaría y ministerio siguiendo el esquema de planeamiento Objetivo – Misión – Tareas – Estructura que es práctica estandarizada en la mayoría de los países de Norteamérica y Europa para la acción específica, conjunta y combinada de cada organismo.

2.3.2) En el Ministerio Público Fiscal:

  • Instaurar la idea que el Ministerio Público Fiscal es parte del Sector Seguridad del Estado.
  • Fijar la idea que este Ministerio especial es un actor principal en materia de mitigación de amenazas y riesgos a la Seguridad, especialmente de aquellas antrópicas con tipificación penal.
  • Es necesario romper con la cultura y las prácticas feudales por las cuales un fiscal o un defensor debe vasallaje a un caudillo superior del Poder Ejecutivo.
  • Instaurar la idea que el Procurador General debe ser una autoridad electa por la sociedad y NO por la elite política y que su cargo debe tener una duración finita siguiendo el modelo de los EEUU.
  • Realizar una profunda reforma orgánica y funcional, a los efectos que el Ministerio Público Fiscal cuente con una mayor calidad de servicio en el cumplimiento de sus roles específicos en los fueros de incumbencia federal.
  • Introducir pautas y procedimientos de control ciudadano sobre el Ministerio Público Fiscal a los efectos de actuar como incentivo a la calidad de su servicio.

3) En los Estados Provinciales:

  • Instaurar la idea que cada Estado Provincial es parte del Sector Seguridad del Estado argentino.
  • Instalar la idea que cada Estado Provincial tiene un Sector Seguridad propio que debe prevenir, responder y mitigar amenazas a la seguridad por las facultades y responsabilidades NO delegadas al Estado Nacional.
  • Es necesario romper con la cultura y las prácticas feudales por las cuales un Gobernador debe vasallaje a un caudillo superior del Poder Ejecutivo Nacional.
  • Es fundamental que cada elite política provincial asuma los riesgos de tener un Estado Provincial bajo un sistema nacional de gobierno del tipo federal.
  • Transformar a estos Estados Provinciales en Estados federales hacia su interior, reformando cada Constitución provincial y el marco legal de su orden orgánico funcional actual.
  • Fortalecer y poner en funcionamiento el rol jurisdiccional de los Departamentos Provinciales, a los efectos que éstos operen orgánica y funcionalmente como “condados”, es decir como unidades sustentables de ejecución interna “de orden federal” de políticas públicas provinciales (entre ellas, las de seguridad) que sean de incumbencia de cada Estado Provincial.
  • Dar sostenibilidad financiera a los Departamentos Provinciales para que actúen con autonomía y sustentabilidad.
  • Dotar a los Estados Provinciales de un Sector Seguridad que funcione siguiendo un modelo orgánico funcional similar al del Estado de Florida (EEUU).

4) En el Área Metropolitana Buenos Aires:

  • Reconocer que los límites territoriales de la actual Capital Federal deben ser ampliados.
  • Asumir que NO se pueden tener políticas públicas sustentables y sostenibles con la actual configuración política jurisdiccional del AMBA ni de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
  • Instaurar la idea que la Inviabilidad de la Provincia de Buenos Aires surge por NO ACEPTAR que el AMBA necesita en el siglo XXI de otro diseño jurisdiccional diferente al que surgió en el siglo XX para que se ajuste a las necesidades demográficas y de desarrollo humano y económico que hoy existen en este territorio.
  • No hay Sector Seguridad en la CABA y en los Partidos del Conurbano Bonaerense que pueda crearse con posibilidades de éxito y capacidad de generar políticas públicas de calidad en materia de seguridad con la actual configuración territorial y política existente.
  • Hay que tomar conciencia que la actual configuración política jurisdiccional de este territorio y de esta realidad demográfica SOLO beneficia la continuidad de las prácticas feudales de gobierno entre quienes ostentan el poder local.
  • Instalar la idea que nunca se va a poder poseer calidad en materia de seguridad si se sigue con la actual cultura política de orden feudal.

Conclusiones

Las soluciones aquí planteadas son de cimiento. No son parches. El diseño, el régimen de funcionamiento orgánico, la calidad del servicio, los resultados a alcanzar, los medios logísticos que se necesitan y la eficiencia fiscal y presupuestaria de un Sector Seguridad de un Estado republicano y federal dependen de la implementación correcta de estas soluciones fáciles de enumerar pero muy complejas de instrumentar y que surgen de las ideas de Alberdi y también de la experiencia de los Estados republicanos y federales más exitosos del planeta.

Es fácil entender que NO se pueden implementar políticas de seguridad de sesgo republicano y federal con un Estado diseñado con criterios unitarios, con poderes unitarios, con fuerzas y agencias propias de Estados unitarios y con Estados provinciales y municipales insolventes e incapaces de ejecutar políticas públicas por sí mismos sin ayuda externa.

Esto tan simple de comprender debe al lector llevarlo a reflexionar que el siglo XXI debe ser utilizado para corregir los errores que cometió nuestra elite política en el siglo XIX y en el siglo XX.

Debe quedarle claro al lector que las deficiencias en el Sector Seguridad de un Estado se traducen en pérdidas de vidas humanas, en pérdidas de riqueza y en pérdidas de libertades y todas éstas han sido demasiadas elevadas en 150 años de existencia del Estado argentino, para continuar haciendo parches.

Hay que tener la decisión y el ánimo de divulgar estas ideas para que la sociedad las conozca y desde ella se impulse los cambios necesarios, logrando los consensos en ella hasta que surja un liderazgo político capaz de llevarlas a cabo. Todos tenemos que aprender y todos tenemos que motivar el cambio. Ese es en definitiva el desafío, al cual este artículo intenta contribuir.

 


[1] Se recomienda leer el artículo de Runza, Ricardo (2012) “El Pensamiento de Alberdi en materia de Seguridad” publicado por la Fundación ATLAS y la Fundación Libertad y Progreso.