Vicente Torrijos R., Colombia

Profesor de ciencia política y relaciones internacionales en la Universidad del Rosario, de Bogotá, Colombia. vicente.torrijos@urosario.edu.co

Primera parte: factores externos

Introducción

En términos generales, el clima de seguridad en Colombia puede calificarse como un clima “enrarecido”. Este enrarecimiento es reflejo de los logros y las limitaciones de la Política de defensa y seguridad democrática (Psd) que ha venido implementándose desde hace ya casi cinco años, bajo el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. 

Evaluar el clima de seguridad resulta de la mayor pertinencia en las actuales circunstancias, con el fin de anticipar las posibles tendencias que orientarán la dinámica de seguridad en el país, y generar una valoración adecuada del repertorio de caminos de acción más adecuados para asegurar los logros del Estado en su lucha contra el narcoterrorismo, minimizar sus vulnerabilidades y disminuir las oportunidades de perturbación que pudieran ser aprovechadas por el adversario para revertir los resultados acumulados durante estos años y desequilibrar una vez más la relación de fuerzas con el Estado y las instituciones legítimas.

Aunque la problemática de seguridad colombiana es esencialmente interna (pues se origina en un conflicto armado interno, degradado paulatinamente como consecuencia de la creciente militarización, la vinculación con el negocio de las drogas ilícitas, y la aparición de nuevos actores y focos de violencia), resulta innegable que en la actualidad tiene una dimensión internacional (esto es, ocupa un lugar propio en la agenda de seguridad internacional) y genera efectos transnacionales (como resultado del desbordamiento de las consecuencias de la violencia y la aparición, con importancia creciente, de un frente externo en la guerra política que libran contra el Estado las organizaciones armadas ilegales —en particular las Farc y el Eln.

A continuación se identifican y analizan tres factores externos que inciden con especial relevancia en el clima de seguridad en Colombia.

Los factores externos del clima de seguridad en Colombia

[1.] La dependencia del apoyo norteamericano. Quizá una de las decisiones políticas más importantes en la gestión del conflicto y la problemática de seguridad interna en Colombia haya sido la de enlazarla con la Guerra global contra el terrorismo liderada por los Estados Unidos. Esa decisión explicaría, entre otras cosas, la posición colombiana frente a la intervención norteamericana en Irak en marzo de 2003, y reflejaría la lectura hecha por Colombia de las promesas e incentivos contenidos en la Estrategia nacional para combatir el terrorismo, divulgada por Washington ese mismo año.

El resultado de estas decisiones ha sido un notorio y sostenido volumen de apoyo y colaboración en diversos campos, articulado fundamental (aunque no exclusivamente) a través del Plan Colombia. 

Sin embargo, en los últimos tiempos se ha hecho evidente que ese apoyo y colaboración distan mucho de estar garantizados, y más bien, parecen estar sujetos como nunca antes a los vaivenes de la política interna norteamericana, acentuados especialmente en época electoral y particularmente agitados en los corredores de Capitol Hill. Cuestionamientos relativos a los niveles de garantía y protección de los derechos humanos en Colombia, por ejemplo, han estado a punto de bloquear el flujo de recursos en la Cámara de representantes.

Si la dependencia logística y militar es tan importante como acuciante para Colombia, no menos lo es la necesidad de encontrar en Washington un socio amplio, no sólo en esos aspectos, sino también en el campo político. 

Una sociedad semejante tiene un impacto significativo tanto frente a los demás países de la región (que se ha convertido en un entorno, si no hostil, por lo menos poco colaborador para los intereses de seguridad colombianos), como ante la opinión pública interna colombiana. Lamentablemente ese respaldo político parece haberse erosionado desde la constitución de la mayoría demócrata en el Capitolio, y su episodio crítico más reciente tiene que ver con el tratado de libre comercio. 

¿Hasta dónde es, pues, importante para Washington la relación preferente con Bogotá, y hasta dónde puede contar Colombia con el apoyo, multidimensional, de los Estados Unidos ?

[2.] El entorno latinoamericano. Sin que ello signifique afirmar la existencia de una conspiración, ni de algún tipo de una alianza con alguno de los actores armados en particular, el entorno político latinoamericano ha contribuido a enrarecer el clima de seguridad colombiano. 

Por un lado, porque lo que sí existe, en efecto, es algún tipo de simpatía con sectores políticos de oposición que, ya sea en el legítimo ejercicio de la controversia política o atendiendo a fines menos altruistas que la polémica democrática, capitalizan a su favor las grietas de legitimidad que pueden afectar los esfuerzos del Estado en materia de seguridad, como ha podido ocurrir, por ejemplo, con el llamado escándalo de la para política. 

Por el otro, porque discursos nacionalistas (y de contera, antinorteamericanos) bloquean escenarios de cooperación bi o multinacional para enfrentar problemas comunes y compartidos, ligados directamente a la seguridad nacional de Colombia, como puede ser el caso de la actitud ecuatoriana frente al tema de las fumigaciones. 

¿Cómo gestionar las necesidades de cooperación y minimizar la influencia interna de ese entorno complejo?

[3.] La creciente capacidad de perturbación internacional de las organizaciones armadas ilegales, especialmente de las Farc. El frente internacional se ha convertido en campo de batalla favorito de las organizaciones armadas ilegales, sobre todo de las Farc, para buscar allí debilitar al Estado, mediante el cuestionamiento sistemático de su legitimidad, mediante agresivas estrategias propagandísticas y de diplomacia pública, y mediante la explotación emotiva y mediática de sus propias atrocidades humanitarias, como por ejemplo, el drama de los secuestrados. 

A ello se añade el aprovechamiento que las Farc hacen del entorno norteamericano, para provocar mediante sus incursiones o las declaraciones de sus voceros todo tipo de tensiones, como cuando realizan escaramuzas en las zonas de frontera o se manifiestan a través de los medios de comunicación transmitiendo mensajes a gobiernos extranjeros que comprometen la neutralidad de los mismos, y frente a los cuales, Colombia no puede resignarse a la impasibilidad. 

¿Cómo compensar —dadas las dificultades implícitas para bloquearla— esa capacidad perturbadora?

Conclusión

Estos tres factores delinean, desde fuera, el clima de seguridad colombiano. Las preguntas insinuadas deben dirigir la valoración del escenario y orientar la invención de los posibles cursos de acción. 

Más que de alterarlos, se trata de minimizar su impacto, o de invertir la carga con la que inciden, o pudieran incidir negativamente. 

Al lado del esfuerzo militar, reflejan la necesidad de un esfuerzo político igualmente sostenido para ganar la guerra. 

En efecto:

Frente a los problemas derivados de la dependencia norteamericana en términos políticos, debe insistirse, por un lado, en la necesidad de alcanzar niveles mínimos de autosostenibilidad de los esfuerzos que en términos presupuestales demanda la ejecución de la Psd; por el otro, en términos políticos, debe buscarse un relanzamiento de los vínculos con la Unión Europea, aún admitiendo que la lectura que Bruselas hace de la situación del país pueda no ser coincidente con la valoración que hace el propio Estado colombiano. De lo que se trata no es tanto de sustituir el apoyo militar norteamericano, sino de multiplicar las fuentes de legitimidad y respaldo político a nivel internacional, lo cual también contribuiría a ganarle la guerra política a las Farc en el frente internacional.

Es necesario intensificar la diplomacia colombiana al nivel del Congreso norteamericano. Los episodios recientes revelan una falla en la diplomacia congresional que debe ser subsanada. Paralelamente, debe reforzarse la diplomacia pública (no intergubernamental, sino la dirigida a los actores sociales y económicos), pues ello podría generar una presión transitiva sobre algunos sectores del Congreso norteamericano. El clima electoral que empieza a vivirse en los Estados Unidos puede ser favorable para ello.

Las relaciones con los países de la región, y en particular, con los países fronterizos, deben basarse en la búsqueda de mecanismos de coordinación e involucramiento. Tanto más se involucre a Ecuador en la gestión de los problemas que generan tensiones con Quito, menos posibilidades va a tener Quito para formular reclamos o reproches a los esfuerzos de Colombia en materia de seguridad.

Las observaciones formuladas anteriormente podrían contribuir, en su conjunto, a crear un escenario en el que se redujera la capacidad perturbadora de las organizaciones armadas ilegales en el campo internacional, tanto al nivel de guerra política como en términos de aprovechamiento de las porosidades fronterizas.

Segunda parte : factores internos

Introducción

Luego de cinco años de aplicación, la Política de seguridad y defensa democrática (Psd) bien podría estar enfrentando un escenario de agotamiento o haber alcanzado un punto de inflexión que hace necesario ir avanzando en el ejercicio de anticipar un escenario futuro “más allá de la política de seguridad democrática”. 

Ello no significa en modo alguno que la Psd no haya sido exitosa. Por el contrario, existe un buen acervo de logros acumulados. Sin embargo, algunos aspectos previstos por la propia Psd han sido desarrollados sólo parcialmente (como el ciclo de rehabilitación y consolidación y la reforma a la comunidad de inteligencia, por poner sólo dos ejemplos), otros requieren ser profundizados, y finalmente, es necesario contemporizar la Psd con los cambios ocurridos en el escenario nacional e internacional y asegurar y blindar los logros obtenidos en procura de que el Estado conserve un margen amplio de maniobrabilidad y de control de la iniciativa frente a sus adversarios.

Aunque ya desde agosto de 2006 el ministro de defensa anunció una reedición de la Psd, ésta aún no se ha producido. Ese debe ser un cometido prioritario dentro de la agenda del Gobierno nacional y con toda certeza, un esfuerzo encaminado en esa dirección contribuiría enormemente a proyectar hacia el futuro y capitalizar los resultados alcanzados, mientras simultáneamente se aminora el riesgo de que la actividad del Estado y en particular de los operadores de seguridad vaya quedando desbordada por los acontecimientos o acabe erráticamente sometida a los vaivenes de la política interna.

Tres son los factores que actualmente determinan internamente el clima de seguridad en Colombia y que condicionan, de alguna manera, la capacidad de acción y reacción del Estado frente a las amenazas a la seguridad. Tales factores son: (a) el impacto del llamado “escándalo de la parapolítica”, (b) el escepticismo frente al proceso de desmovilización de los grupos de autodefensa ilegal, y (c) el volumen creciente de cuestionamientos frente a la eficacia última de la estrategia adoptada en la que prima la disuasión (militar) sobre la persuasión (política) en la búsqueda de una salida a la problemática de seguridad del país.

Los factores internos del clima de seguridad en Colombia

[1.] El impacto del escándalo de la parapolítica. El develamiento de los lazos existentes entre diversos actores de la vida política (y más ampliamente, entre diversos sectores sociales —desde las propias Fuerzas militares hasta el sector empresarial—) y las estructuras de autodefensa ilegal, constituye hoy por hoy la principal amenaza a la legitimidad del Estado colombiano y puede erosionar significativamente su capacidad de maniobra en el tema de la seguridad.

En efecto, cuanto más profundos vayan siendo esos lazos (y con independencia de que, en el caso de las Fuerzas militares, por ejemplo, no puedan ser atribuidos a una política estatal o a una decisión institucional), tanto más se cuestionará la legitimidad de los esfuerzos estatales por restablecer la seguridad democrática. 

Por un lado, la legitimidad del Estado se vería empañada por la existencia de una práctica (ya que no de una estrategia formal) de guerra sucia, que no sólo ha afectado a las organizaciones insurgentes, sino que sobre todo, ha desbordado sus efectos sobre la población civil. El profundo grado de involucramiento del “régimen” (en su sentido politológico) con el paramilitarismo, implica al menos indirectamente, la responsabilidad del Estado, así pueda sostenerse válidamente que en este caso habría sido instrumentalizado por el paramilitarismo más que dirigido u orientado sus actividades.

El efecto inmediato del escándalo se ha hecho sentir con especial intensidad en el escenario internacional. 

Pero internamente resulta innegable que el Estado enfrenta, como consecuencia de ello, importantes desafíos institucionales (de depuración de la clase política, de esclarecimiento de las condiciones en que diversos sectores apoyaron o facilitaron el paramilitarismo), que van incluso hasta la necesidad de admitir que con la desmovilización de las autodefensas ilegales y el enjuiciamiento de sus cabecillas militares no queda evacuado el problema.

[2.] El escepticismo frente al proceso de desmovilización de las autodefensas ilegales. Como consecuencia de lo anterior se ha incrementado el escepticismo que, desde el comienzo, rodeó el proceso de desmovilización de las autodefensas ilegales. 

Si en un principio tal escepticismo estuvo acicateado por el propio esquema de negociación —en el que no se conoció una agenda, ni los términos en que ocurriría, y el cual asumió en últimas la forma de un sometimiento a la justicia—, ahora es alimentado por la impresión de que todo el proceso estaría perneado por esos lazos de connivencia a los que se ha aludido en el numeral anterior. 

Más todavía, ese escepticismo es reforzado por el hecho de que, ante el fenómeno de las bandas criminales emergentes, el proceso de “sometimiento” no ha implicado una superación de las estructuras de apoyo, de los mercados y de los intereses que en su momento apoyaron y favorecieron el paramilitarismo. 

Dicho en otras palabras, existe la percepción de que la desmovilización de las autodefensas ilegales no implica un mejoramiento de las condiciones de seguridad (con independencia de lo que revelen las estadísticas), sino básicamente la asimilación de los cabecillas en el sistema (luego de un proceso de justicia y paz que avanza con una pasmosa lentitud), mientras que el circuito de violencia que alimentaron se transmuta y continúa su actividad predatoria y destructiva de la sociedad.

[3.] El cuestionamiento de la mano dura. Si bien la Psd no es por sí misma una estrategia militarista, queda claro que durante estos cinco años el Gobierno nacional ha privilegiado la anticipación y la contención militar, así la haya combinado en algunas ocasiones con gestos de persuasión (como las rondas exploratorias con el Eln que aparentemente conducirán en las próximas semanas a un cese de hostilidades). 

Ahora bien, los resultados de la aplicación de la opción de la “mano dura” son crecientemente cuestionados por una opinión pública que ve, por un lado, que el paramilitarismo subsiste y se transforma a pesar de la desmovilización; y por el otro, que las Farc parecen todo menos derrotadas o efectivamente derrotables, a pesar de los esfuerzos y los gastos en que ha incurrido el Estado en desarrollo, por ejemplo, del Plan patriota.

El más reciente y lamentable acontecimiento de la muerte en cautiverio de 11 de los diputados del Valle retenidos por las Farc intensificará estos cuestionamientos (que apuntan también a la sostenibilidad del esfuerzo militar, a la proporcionalidad entre el esfuerzo y los resultados). 

En efecto, a pesar del gesto unilateral de la excarcelación, las primeras reacciones de la opinión parecen responsabilizar, por igual, al Estado y a las Farc por su mutua inflexibilidad. Pero ante esa acusación, el Estado tiene más que perder, pues a fin de cuentas, es de él y no de las Farc, de quien la población espera protección, seguridad y garantías.

A medida que los cuestionamientos se hagan más recurrentes, la opinión pública podría irse decantando por las posiciones de la oposición, o por lo menos, por posiciones más moderadas; al tiempo que disminuiría su disposición a asumir nuevos costos (económicos) o a respaldar las posiciones (rígidas) del Gobierno frente a las demandas de las Farc, por ejemplo en cuanto a sus condiciones para el intercambio humanitario.

Conclusión

Estos tres factores delinean, desde dentro, el clima de seguridad colombiano. En su conjunto, sugieren que el frente político de la guerra contra la subversión viene adquiriendo una importancia creciente, y que no dejará de hacerlo en el futuro inmediato. 

La guerra contra el narcoterrorismo es cada vez más política, sin dejar de ser, desde luego, militar.

Por otro lado, en las condiciones actuales queda claro que las iniciativas militares deben combinarse con estrategias más complejas y comprehensivas que permitan disminuir, efectivamente, los niveles y el impacto de la violencia. 

De lo contrario, los niveles de frustración frente a las expectativas creadas y sostenidas durante los últimos años se irán incrementando y la opinión tenderá a generar resistencias a la hora de aceptar nuevas exigencias de parte del Estado o al momento de tener que decantarse por una alternativa u otra de las que puedan ir surgiendo según la dinámica del conflicto.