Capitán de Navío (r) Camilo Ricardo Milano, Argentina.

 

I. INTRODUCCIÓN

Este artículo procura poner de relieve las condiciones generales en que se encuentra la seguridad humana en Haití, luego de transcurrido un año desde que asumió un nuevo presidente del país por vía de elecciones realizadas libremente bajo el control de la comunidad internacional.

Para el análisis del escenario seleccionado se han tenido especialmente en cuenta la caracterización general de la situación global en Haití; los resultados de las anteriores intervenciones de la ONU; la identificación y caracterización de los actores estratégicos involucrados; los intereses y objetivos de los principales actores; y los riesgos, amenazas y oportunidades para los países de interés.

En cuanto a la búsqueda de las conclusiones derivadas del estudio del escenario en cuestión, se han considerado las interrelaciones entre los derechos humanos, la seguridad humana, la seguridad pública o ciudadana, y el derecho internacional humanitario.

 

II. MARCO CONCEPTUAL

Como hemos señalado en trabajos anteriores, la definición de seguridad más aceptada internacionalmente es la expuesta por la ONU, en 1986, en el informe denominado Estudios Sobre los Conceptos de Seguridad: “En principio la seguridad es una condición en la que los Estados o los individuos consideran que están expuestos en pequeña medida al peligro de un ataque militar, a las penurias económicas, a la presión política o a la injusticia social. Es un término más relativo que absoluto. Es necesario considerar la seguridad nacional e internacional como una cuestión de grado; en las circunstancias internacionales actuales no es factible que las naciones o los individuos alcancen por sus propios medios plena libertad frente a todos los peligros, aunque mediante la cooperación internacional plena sería posible alcanzar ese objetivo”.

En relación con lo expresado, entendemos que en esencia la seguridad es un término de carácter subjetivo, ya que se trata de la necesidad sentirse a salvo de cualquier peligro o daño; razón por la que existen diversos significados del término, que varían según los enfoques o perspectivas analíticas.

No obstante ser la seguridad un concepto atemporal y abstracto, éste se refiere a condiciones deseables que pueden ser concretadas en distintos contextos y circunstancias y, por ello, el término es de aplicación en todo caso en que se quieren expresar referencias a un ente, objeto, hecho, acción, actividad o situación, capaz de ser protegido de daños y peligros a cualquiera de sus cualidades o atributos.

 

1. LA SEGURIDAD HUMANA

La seguridad humana se basa en la indivisibilidad y multidimensión de la seguridad y amplía el concepto de seguridad tradicional centrado en el Estado y en las amenazas militares de carácter estatal, para colocar a la protección del ser humano como el fin y la razón de ser de la seguridad.

Este concepto de la seguridad humana fue desarrollado en 1994 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a la cual definió sobre la base de dos componentes: libertad del temor y libertad de la necesidad; reconoció la naturaleza indivisible de la seguridad, expresada en sus dimensiones políticas, económicas, sociales y ambientales; e identificó los diversos factores o indicadores de riesgo implícitos en ellas.

Una de las expresiones clásicas de este concepto, en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, ha sido el Informe del Milenio, donde se destacó que el concepto de seguridad “ …En una época era sinónimo de la defensa del territorio contra ataques externos, pero las exigencias de la seguridad han hecho que hoy en día abarque también la protección de las comunidades y los individuos de diversos actos internos de violencia…”

Las dimensiones de la seguridad humana pueden resumirse en los términos siguientes:

Seguridad Política: Significa el respeto de derechos humanos fundamentales, mediante la protección y defensa del Estado de derecho.

Seguridad Económica: Implica el derecho a trabajar en condiciones dignas, con una retribución justa y cierta estabilidad; a ejercer toda industria licita, comercio y profesión; así como la garantía de inviolabilidad de la propiedad privada.

Seguridad Social: Implica básicamente el derecho de los habitantes de una Nación a la protección de la salud, la posibilidad de acceso a una vivienda digna y a una alimentación básica, como también el cuidado de su educación. Contempla igualmente el derecho a profesar libremente el propio culto y la representación de las minorías.

Seguridad Ambiental: Significa la utilización racional de los recursos naturales y la protección del medio ambiente, para permitir el racional desenvolvimiento de las actividades productivas y, paralelamente, sustentar el desarrollo humano.

 

2. LA SEGURIDAD PÚBLICA O CIUDADANA

Puede definirse a la seguridad pública como la situación social que se caracteriza por un clima de paz, convivencia y confianza mutua, que facilita a la población el ejercicio de sus derechos y obligaciones y que proporciona un estado de orden interno, que contribuye a la gobernabilidad del Estado y a la seguridad de los ciudadanos.

En general se considera que la seguridad pública tiene la finalidad de proteger a la ciudadanía del accionar delictivo y de velar por su desarrollo y bienestar, mediante la adopción de las medidas estatales necesarias para mantener vigente las garantías del Estado de Derecho.

También, se la reconoce como seguridad ciudadana, entendiendo a ésta como la protección de las personas y los bienes de las acciones violentas, las agresiones, las catástrofes, los riesgos ambientales, etc.

Se puede resumir que la seguridad pública resulta comprensiva de las nociones de orden público (protección del libre ejercicio de los derechos y libertades) y de seguridad ciudadana (protección de las personas frente a acciones violentas o agresiones, situaciones de peligro o calamidades públicas).

La “Declaración de las Naciones Unidas sobre el delito y la seguridad pública” del año 1997, es una aproximación referencial en cuanto a lo que las Naciones Unidas consideran como seguridad pública: “Los Estados Miembros tratarán de proteger la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos y de todas las personas dentro de sus respectivas jurisdicciones adoptando medidas nacionales eficaces para luchar contra las graves manifestaciones de la delincuencia transnacional…”

A su vez, el enfoque global sobre seguridad humana del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), constituye la expresión más completa de los objetivos de seguridad pública, en tanto comprende todos los factores capaces de generar condiciones de inseguridad a la población y a las instituciones democráticas.

 

3. EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y LOS DERECHOS HUMANOS,

El derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos (los derechos humanos) son complementarios. La finalidad de ambos es proteger a la persona humana; pero la protegen en circunstancias distintas y según modalidades diferentes.

El derecho humanitario se aplica en situaciones de conflicto armado, mientras que los derechos humanos, o al menos algunos de ellos, protegen a la persona humana permanentemente, tanto en tiempos de guerra como de paz.

Si el derecho humanitario tiene por objeto proteger a las víctimas procurando limitar los sufrimientos provocados por la guerra, los derechos humanos protegen a la persona humana y favorecen su completo desarrollo.

Al derecho humanitario le competen, particularmente, el trato debido a las personas que están en poder de la parte adversaria y la conducción de las hostilidades. La principal finalidad de los derechos humanos es impedir la arbitrariedad, limitando el dominio del Estado sobre los individuos; no es su objeto regular la conducción de las operaciones militares.

Para garantizar su respeto, el derecho humanitario establece mecanismos que instituyen un tipo de control continuo de su aplicación y hace resaltar la cooperación entre las partes en conflicto y un intermediario neutral, con miras a impedir las eventuales violaciones.

Para determinar si un Estado ha respetado o no los derechos humanos, existen mecanismos e instituciones que están esencialmente orientados a controlar el accionar gubernamental respecto de los derechos y garantías individuales y de promover las acciones adecuadas para sancionar a los responsables de incumplir las normas legales y de la reparación de los perjuicios causados a las personas.

 

III. ANTECEDENTES GENERALES SOBRE LA SITUACIÓN EN HAITÍ

Habiendo nacido a la vida independiente el 1 de enero de 1804, Haití ha vivido en un estado de permanente crisis enmarcado por recurrentes períodos de ingobernabilidad. Sucesivos agravamientos de esta situación crónica motivaron que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dispusiera la intervención de fuerzas multinacionales en varias oportunidades, (1) desde 23 de septiembre de 1993, por medio de la Misión de las Naciones Unidas en Haití (UNMIH), hasta el presente, mediante la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), dispuesta el 30 de abril de 2004.

Los hechos que condujeron a la disposición de la MINUSTAH comenzaron en septiembre del 2003 con una ola de protestas populares contra el presidente del país, Jean Bertrand Aristide, que dejó una secuela de manifestantes muertos y heridos en enfrentamientos con la policía.

En enero del 2004, debido a que no se organizó el proceso electoral, Haití se encontró sin que funcionara su Parlamento y ello facilitó que se produjera la última crisis de gobernabilidad, en medio de graves acusaciones de corrupción contra el gobierno y de denuncias de vínculos de éste con el narcotráfico.

En febrero de ese año, rebeldes al mando de Guy Philippe, líder del Frente de Resistencia Nacional para la Liberación de Haití, tomaron el control de la ciudad noroccidental de Gonaives y desalojaron a la policía de varios poblados.

A mediados de ese mismo mes, la violencia se extendió a otras ciudades y Aristide pidió ayuda internacional contra la rebelión.

El 19 de febrero, la Organización de Estados Americanos (OEA) apoyó al presidente, demandándole el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de los compromisos asumidos con la comunidad internacional.

Si bien Aristide aceptó un plan de paz propuesto por representantes de Estados Unidos, Canadá y Francia, así como por delegados de la OEA y de la Comunidad del Caribe (CARICOM), éste no fue aceptado por la oposición, que reclamó la renuncia inmediata del presidente Aristide.

Pocos días después, los rebeldes atacaron la segunda ciudad más importante de la isla, Cap-Haitien, último bastión de Asistide, y el Consejo de Seguridad de la ONU hizo un llamamiento a las partes para que aceptaran el plan de reconciliación y se abstuvieran del uso de la violencia.

Al día siguiente, el 26 de febrero, el Ministro del Exterior de Jamaica, en nombre del CARICOM, solicitó a la ONU que “envíe urgentemente y de forma inmediata una fuerza internacional de paz a Haití”.

Tres días después, Aristide entregó el poder mediante una carta en la que proponía que asumiera el poder el presidente del Tribunal Supremo, Boniface Alexandre, quien ejerció interinamente la presidencia hasta el 14 de mayo de 2006.

Posteriormente, Aristide huyó rumbo a República Centroafricana, en un avión proporcionado por Estados Unidos, y, ese mismo día, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el envío de la MINUSTAH.

Cabe mencionar que si bien inicialmente la MINUSTHA fue autorizada para ser empleada durante 6 meses, a partir del 1º de julio de 2004, posteriormente se dispusieron distintas prórrogas motivadas por las críticas condiciones de la situación del país; hasta que el 15 de agosto de 2006 se produjo una prórroga hasta el 15 de enero de 2007, que aún sigue vigente.

En relación a Aristide, conviene recordar que en 1990 fue elegido presidente y, que el 30 de septiembre de 1991 fue derrocado por un golpe militar dirigido por el General del Ejército Raoul Cedras, que lo forzó a abandonar el país y a exiliarse en los Estados Unidos.

A consecuencia de una sucesión de hechos que impidieron la regularización institucional del país, en septiembre de 1994, con un mandato del Consejo de Seguridad, Estados Unidos intervino en Haití y restableció en el poder al presidente, quien orientó su gobierno a la organización de elecciones y al traspaso del poder a un candidato único, Rene Preval, que había sido su Primer Ministro en 1991.

En la elección presidencial  del 17 de diciembre de 1995, en la que hubo poca participación del electorado, Préval recibió el 87,9 por ciento de los votos y asumió el cargo el 7 de febrero de 1996.

En el año 2000, Aristide, nuevamente, asumió el poder después de una elección presidencial calificada como fraudulenta, a raíz de lo cual la comunidad internacional le suspendió la ayuda financiera.

La oposición, conformada por 184 entidades políticas, económicas, gremiales, empresariales y de la sociedad civil (Grupo de los 184), así como representantes de la comunidad internacional, impugnaron los resultados y acusaron al gobierno de manipularlos; por lo cual, después de infructuosos esfuerzos de las partes, el diálogo entre el gobierno y la oposición se interrumpió.

El 5 de junio de 2001, la Asamblea General de la OEA, instó al gobierno a que constituyera, a más tardar el 25 de junio de 2001, un Consejo Electoral Transitorio (CEP), independiente y neutral, integrado por nueve miembros designados por los poderes Ejecutivo y Judicial, los partidos políticos y otras representaciones políticas (Convergencia Democrática y Fanmi Lavalas) así como de las iglesias católica y protestante.

El 17 de diciembre del 2001, se produjo un ataque al Palacio Nacional, que fue identificado por el gobierno como intento de golpe de Estado, y considerado por la oposición y observadores internacionales como un hecho orquestado por el gobierno para distraer la atención de los graves problemas del país.

El 16 de enero de 2002, el Consejo Permanente de la OEA, preocupado por el deterioro de la situación política, económica y social, en Haití y, en particular, por la violencia de los sucesos del 17 de diciembre y los días siguientes, así como y por el estancamiento de las negociaciones para resolver la prolongada crisis política, dispuso el establecimiento de una Misión de la OEA, de conformidad con lo dispuesto por la Asamblea Genera a fin de trabajar en el marco de la Carta de la Organización y la Carta Democrática Interamericana.

 

IV. CONDICIONES DE LA SEGURIDAD HUMANA EN HAITÍ (2)

a. Dimensión política

1) Inseguridad ciudadana

En los últimos 50 años, hubo casi tres décadas de dictadura, siete revoluciones o golpes de Estado, varios procesos electorales cuestionados por fraudulentos y gobiernos que, mayoritariamente, vulneraron las normas esenciales de la democracia.

La constitución de Haití fue aprobada en marzo de 1987, suspendida en junio de 1988 y reimpuesta en marzo de 1989, con nuevos artículos. En 1991, nuevamente, fue puesta fuera de vigencia y, en 1994, reinstalada una vez más.

El Poder Legislativo dejó de funcionar en enero de 2004, cuando finalizó el mandato de dos tercios de los senadores y el de la totalidad de los diputados, hasta que se concretó el nuevo proceso electoral que culminó con las elecciones municipales, en abril de 2006.

El Sistema Judicial tiene escasa actividad y es marcadamente ineficiente, por los distintos factores que limitan substancialmente su normal funcionamiento.

Entre los factores que contribuyen a que el sistema judicial sea inoperante se encuentran: el carácter obsoleto de los códigos, el manipulado proceso de nombramiento de los jueces y su falta de capacitación y bajos sueldos.

Además, la deficiente administración de justicia se ve agravada porque muchos jueces no cumplen acabadamente sus funciones por la corrupción imperante entre sus miembros y el temor a represalias de elementos del gobierno o de grupos delictivos.

Los graves problemas estructurales de los sistemas judicial, penitenciario y policial, no han permitido disminuir los hechos de violación de los derechos humanos, de la inseguridad pública y de la defensa en juicio.

La violación de los derechos humanos de los detenidos en las prisiones y otros establecimientos habilitados para la detención de personas y las pésimas condiciones de habitabilidad y sanidad existentes en ellos, constituyen un aspecto sobresaliente de las condiciones de la seguridad humana en el país.

Las condiciones señaladas precedentemente motivan que recurrentemente se produzcan graves actos de violencia entre la población carcelaria, y de ésta con los efectivos policiales, y que se reiteren los intentos de fuga con cruentos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Respecto de la vulneración de los derechos humanos, merece una consideración particular los actos de violencia ejercida sobre las mujeres, los niños, los defensores de los derechos humanos y los periodistas.

En este sentido, se destaca la existencia de actos de esta naturaleza (violaciones, torturas, vejaciones, maltrato, tráficos ilegales, etc.) en perjuicio de mujeres y niños cometidos por bandas, delincuentes y facciones del crimen organizado, así como por miembros de la PNH

También, integrantes de organizaciones de derechos humanos y periodistas son frecuentemente sometidos a distintos tipos de hechos violentos tendientes a silenciar o manipular sus opiniones o posturas respecto de temas relacionados con la situación político-institucional del país.

En términos generales, la inseguridad ciudadana es expresada principalmente por las siguientes violaciones a los derechos humanos:

las detenciones arbitrarias e injustas;

la prolongada detención previa al juicio de la mayoría de los detenidos;

las condiciones inhumanas de encarcelamiento;

el uso excesivo de la fuerza por la PNH;

la pérdida de vidas de civiles inocentes en operativos policiales.

las torturas y vejaciones a los detenidos;

la violencia sistemática contra las mujeres; y

las ejecuciones extrajudiciales o sumarias.

En síntesis: los problemas de seguridad ciudadana se ven agravados sistemáticamente por la inoperancia crónica del sistema gubernamental para erradicar las violaciones de los derechos humanos y eliminar la cultura de impunidad existente en el país.

2) Inseguridad pública

El fenómeno de la violencia es una constante en la historia del país, como consecuencia de las debilidades del sistema democrático, los altos niveles de pobreza, la exclusión social y la falta de equidad y justicia.

En la etapa de transición gubernamental (2004/2006) se observó mayor inseguridad y violencia públicas que durante el gobierno de Aristide, por efecto del accionar de las bandas armadas ante la carencia de un control efectivo en determinados sectores de la capital, motivada por la falta de recursos adecuados por parte de la policía de Haití y por las limitaciones operativas de las fuerzas de la MINUSTHA.

Sin embargo, durante el período preelectoral se logró disminuir la violencia como consecuencia de las expectativas populares y las múltiples acciones de control efectivo realizado por las autoridades locales y la MINUSTHA.

Desde mediados de 2006, pese a los esfuerzos del gobierno, la violencia delictiva se ha intensificado por el incremento de los enfrentamientos entre bandas armadas y de los homicidios y secuestros en todo el país, particularmente en la capital; así como por los múltiples tráficos ilícitos que realizan las organizaciones del crimen organizado transnacional, que ven facilitado su accionar por la carencia de control adecuado en las fronteras terrestres, los puertos y los aeropuertos del país.

Respecto de las consideraciones precedentes, vale mencionar que algunos de los grupos delictivos y de acción directa son seguidores del ex presidente Aristide, que pertenecen al movimiento político que lo representa, Fanmi Lavalas. Otros grupos violentos son los que colaboraron en el derrocamiento de Aristide, que no se encuentran integrados en el proceso político y operan contra el objetivo de democratización del país. También, ex miembros del anterior ejército constituyen grupos que actúan en forma violenta provocando hechos delictivos e intimidatorios en todo el territorio.

Entre los citados sectores contrapuestos actúan diversas bandas armadas, a veces relacionadas con ellos, que están vinculadas con organizaciones de narcotraficantes y otras actividades del crimen organizado.

Acerca del ejercicio de la violencia  y las actividades delictivas, existe información de fuentes confiables que estiman la existencia de aproximadamente 170.000 armas pequeñas, predominantemente pistolas y revólveres, que circulan por el país, además de una cantidad desconocida de fusiles de asalto en poder de ex militares y activistas.

Al respecto, debe destacarse que, en 2006, el gobierno decretó la creación de la Comisión Nacional para el Desarme, la Desmovilización y la Reinserción (CNDDR), que es un órgano multisectorial de siete miembros encargado de implementar un programa comunitario orientado a la reinserción social de integrantes de las bandas armadas en forma coordinada con la Sección de Desarme de la MINUSTAH.

En este sentido, se advierte la dificultad para la adecuada coordinación entre los distintos organismos involucrados en el manejo de la crisis: organismos internacionales, ONG,s nacionales, fuerzas militares y policiales, órganos de apoyo humanitario, etc.

Por su parte, el extremo debilitamiento de las instituciones públicas y los estrechos márgenes de gobernabilidad provocan una severa sensación de inseguridad en el conjunto de la población y la preocupación de la comunidad internacional.

3) La Policía Nacional de Haití (PNH)

Pese a los recurrentes esfuerzos de las Naciones Unidas por corregir las debilidades y desviaciones tradicionales de la Policía Nacional de Haití, la corrupción entre sus filas, las deficiencias profesionales de sus miembros y la violencia desproporcionada o arbitraria que aplican, hacen de ella un elemento de difícil control y de marcada ineficacia para contribuir al propósito de reestablecer la seguridad y el orden público.

El menosprecio por la seguridad humana, expresado por las detenciones arbitrarias e injustas; las condiciones inhumanas de encarcelamiento; el uso excesivo de la fuerza; las torturas y vejaciones a los detenidos; la violencia sistemática contra las mujeres; y las ejecuciones extrajudiciales o sumarias, es la principal causa por la que la población sigue temiendo a la PNH.

La solución del problema se ve trabada por la ineficacia del sistema de justicia para realizar las correspondientes investigaciones ante la violación de los derechos humanos y así permitir la continuidad de la cultura de impunidad existente en el país.

Al respecto, cabe señalar que el carácter obsoleto de los códigos y el irregular proceso de nombramiento de los jueces, así como sus bajos sueldos y su falta de capacitación, son otros factores que contribuyen a que el sistema judicial sea inoperante y que la mayoría de los haitianos lo consideren corrupto e ineficiente.

También, la deficiente administración de justicia se ve agravada porque muchos jueces continúan comprometidos con el anterior régimen de Aristide y otros no cumplen acabadamente sus funciones por temor a represalias de los grupos delictivos que ejercen violencia sistemáticamente.

Es evidente que como consecuencia de los problemas de los sistemas judicial, penitenciario y policial, todavía no se ha logrado reducir significativamente la violación de los derechos humanos y los altos niveles de inseguridad pública.

Por ello, no obstante los esfuerzos de la PNH y la MINUSTAH, la violencia y la delincuencia siguen provocando regularmente innumerables hechos delictivos de toda índole, que han hecho crecer el nivel de violaciones de los derechos humanos y la sensación de inseguridad en la población haitiana

En este contexto situacional y teniendo en cuenta la interdependencia del sistema judicial y las condiciones de los derechos humanos, la Misión Especial de la OEA elaboró un programa de asistencia para: “ 1) asistir a las ONG locales brindándoles las herramientas requeridas en cuanto a la necesaria capacitación y los recursos materiales para la consecución de sus objetivos; 2) promover el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, en especial en cuanto a los derechos de los menores, la mujer, las personas con discapacidades especiales y otros grupos vulnerables; 3) brindar apoyo al Ministerio de Asuntos y Derechos de la Mujer en la preparación de la legislación para contener la violencia contra la mujer; 4) cooperar con la CIDH en la preparación y publicación de un informe sobre la situación de la mujer haitiana; 5) centrarse, dentro del área de la justicia, en consolidar las fuerzas del sistema interamericano, en particular el CEJA, para ayudar a Haití a enfrentar las dificultades de su sistema de justicia y judicial, y 6) trabajar con el Ministerio de Asuntos y Derechos de la Mujer en la promoción del derecho a la identidad, como derecho humano, en apoyo del proyecto de registro civil.” (3)

b. Dimensión económica

Haití tiene la economía menos desarrollada del continente americano, con una sostenida inflación, una significativa falta de inversión y un fuerte déficit en la balanza comercial, que lo convierten en uno de los países más pobres del mundo.

El subdesarrollo económico estructural del país, las recurrentes crisis políticas y la corrupción endémica que fomenta la economía en negro, son los factores determinantes de las condiciones de pobreza y exclusión social, de la mayoría de la población.

Los indicadores económicos de Haití (PBI, déficit presupuestario, inflación, ingreso, etc.) permiten advertir que las condiciones económicas del país no permiten satisfacer las necesidades mínimas de la mayoría de la población.

Más de dos tercios de la fuerza laboral (3.6 millones de personas) está desempleada o subempleada. Alrededor de un 80% de la población vive en la pobreza y la escasez de alimentos provoca que aproximadamente 1 millón de personas dependan de la distribución de alimentos por organizaciones humanitarias.

A pesar de la escasez de recursos naturales, cerca del 70% de los haitianos depende de la agricultura, que consiste principalmente de agricultura de subsistencia a pequeña escala y emplea cerca de las dos terceras partes de la población económicamente activa.

La inestabilidad política, la inseguridad pública y la corrupción, dificultan la obtención de inversiones en sectores claves de la economía y agravan las limitaciones existentes para incrementar las actividades productivas y, consecuentemente, restringen la creación de nuevos empleos.

c. Dimensión social

Recientemente, en el marco de las políticas públicas implementadas para hacer frente a la crítica situación social y económica que atraviesa el país, el gobierno anunció el lanzamiento el Programa de Apaciguamiento Social (PAS), para luchar contra la pobreza extrema.

Sin embargo, dado que Haití tiene una fuerte dependencia de las donaciones internacionales -que comprenden el 66% del presupuesto nacional- el PAS aún no ha tenido principio de ejecución por que no se han recibido recursos para implementarlo.

Al respecto, merece ser mencionada la apelación que, en ese sentido, formuló  el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, en la conferencia internacional de donantes, celebrada en noviembre de 2006, en Madrid. (4)

1) Salud

Con un crecimiento anual de la población que promedia alrededor del 2 %, la expectativa de vida de la población es de 53 años. Influyen en esta situación: una mortalidad infantil de aproximadamente 63 niños por cada 1.000, más 20.000 de enfermos de SIDA que mueren anualmente y un número estimado en 280.000 de personas de hasta 49 años, que viven con VIH/SIDA.

El sistema del cuidado de la salud es muy precario. Solamente hay, aproximadamente, 10 médicos por cada 100.000 habitantes; el 20 % de la población es atendida por personal de salud especializado; y el 30% de los habitantes tiene acceso a medicamentos esenciales para la salud. El gobierno provee el 30 % de las vacunas imprescindibles, lo que motiva que los niños de un año vacunados contra la tuberculosis sea el 70 %; contra la polio: 40 %; contra el sarampión: 50 %. Se estima que hay más de 100 casos de tuberculosis por cada 100.000 habitantes y que más del 60% de la población está desnutrida.

2) Educación

El sistema de educación básica adolece de las mismas graves deficiencias observadas en el campo de la salud. La alfabetización alcanza niveles próximos al 55 % en los varones y al 50 % en las mujeres. La asistencia a la escuela primaria es aproximadamente entre 50 % y 55 %, de los varones y mujeres, respectivamente. No obstante, la matriculación en la escuela secundaria es de aproximadamente 20 %

A pesar de la carencia de información objetiva sobre el nivel de educación terciario, los datos considerados muestran que las dificultades socio-económicas para el acceso a la educación afectan sensiblemente las posibilidades de progreso de la mayoría de la población.

3) Vivienda

En general, las condiciones de habitabilidad de la población son deficientes y la mayoría carece de viviendas para vivir dignamente.

Las condiciones estructurales de disponibilidad de agua potable y de salubridad pública son deficitarias, motivando que alrededor de 90 % de la población urbana y de 60 % de la población rural deban usar fuentes mejoradas de agua potable, así como que aproximadamente el 50 % la población urbana y sólo el 25 % de la población rural tengan instalaciones adecuadas de saneamiento.

4) Comunicación social

Durante 2006 se produjo una expansión de los medios de comunicación social, favorecida por que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) otorgó una serie de licencias para nuevas antenas de radio a particulares o empresas, en tanto algunos propietarios de estaciones de radio adquirieron o están en vías de adquirir también antenas de televisión.

Esta ampliación de medios motivó que, en el segundo semestre de 2006, se produjeran algunos cambios en la situación de la prensa local, en particular en la capital, Port-au-Prince, aunque la calidad de la comunicación mediática no ha mejorado en forma significativa.

Se puede advertir que a pesar de que los medios disponen de las capacidades necesarias para contribuir a la seguridad y la estabilidad del país, la mayoría de ellos opta por el negativismo y el sensacionalismo, que profundizan el pesimismo y  alientan las actitudes negativas en la opinión pública

En relación con las posibilidades de comunicación de la población, vale destacar que solamente hay habilitados del orden de 140.000 teléfonos de línea, 400.000 teléfonos celulares y 500.000 usuarios de Internet

d. Dimensión Medioambiental

El clima es típicamente marítimo y tropical, con una temperatura media de 27 grados y escasas variaciones térmicas, registrándose menores temperaturas en las montañas y zonas costeras. El terreno es semiárido, muy accidentado y predominantemente montañoso.

La población está concentrada principalmente en las zonas urbanas, las planicies costeras y los valles y, aproximadamente, dos tercios de ella viven en zonas rurales.

Estas condiciones, sumadas a que el medio ambiente está afectado por una extensiva deforestación (causada por el despeje hecho para la agricultura y el uso de la madera como combustible); a que el suelo está fuertemente erosionado; y que el agua potable es extremadamente escasa, permiten afirmar que el ambiente del país no es propicio para el desarrollo humano integral.

Asimismo, los desastres naturales -comunes en el Caribe entre junio y octubre- concurrentemente con la pobreza, la degradación ambiental, la gran densidad de población (270 personas por km2); y la escasez de recursos para enfrentarlos, exponen a la población a altos niveles de riesgo.

 

V. CONCLUSIONES

La pobreza, el desempleo y la exclusión social son las causas predominantes de la profunda y crónica crisis política, social y económica que padece el país.

Las instituciones públicas están extremadamente debilitadas, los márgenes de gobernabilidad son muy estrechos, la inestabilidad política es generalizada y las condiciones de seguridad pública son mínimas.

Los organismos gubernamentales del país son ineficientes, principalmente porque la burocracia estatal carece de capacidades específicas, no dispone de los recursos materiales necesarios, no tiene transparencia en la administración del dinero, y está impregnada de corrupción.

A pesar de haberse restablecido un régimen democrático, la situación político-institucional sigue marcada por la inestabilidad general, la ineficacia de las instituciones y los crecientes niveles de violencia e inseguridad pública.

Coyunturalmente, las demoras en el proceso de gestión de las donaciones limitan las capacidades del gobierno para elaborar y ejecutar proyectos, y posterga el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Asimismo, la escasez de los recursos financieros suficientes para cumplir las tareas asignadas a la MINUSTAH impide que la ayuda humanitaria llegue en la forma adecuada y oportuna a las personas que la necesitan.

El establecimiento de la Comisión Nacional de Desarme constituyó un importante avance para la consecución de los objetivos perseguidos; sin embargo su limitada jurisdicción y la ambigüedad del enfoque general del problema, restringen sus capacidades específicas y sus aptitudes funcionales. No obstante la persistencia de estos problemas, hay signos positivos que indican una mejor disposición para el desarme, la desmovilización y la reintegración.

Los principales problemas de seguridad surgen como consecuencia de la deficiente administración del sistema de justicia, entendiendo que en él se encuentran involucrados los subsistemas: judicial, policial y penitenciario; así como la intervención del poder legislativo y el poder ejecutivo en las competencias que le conciernen.

Para superar la crítica situación que el país ha estado viviendo en tiempos recientes, se requiere de un fuerte respaldo al quehacer del Estado por parte de la población haitiana y de la comunidad internacional; adoptar medidas para desarmar efectivamente a quienes poseen armas ilegalmente; generar un dialogo constructivo entre los distintos sectores procurando el consenso político y social; adoptar medidas eficaces para eliminar los abusos a los derechos humanos; y respaldar un sistema económico que permita generar empleo y crecimiento económico sostenido.

Sin embargo, la adopción de las medidas sugeridas requiere la realización de profundas reformas institucionales pensadas para el mediano y largo plazo, y asegurar el apoyo internacional a los efectos de obtener los recursos necesarios para efectuar las políticas sociales apropiadas.

En tal sentido, recientemente, la Comisión Interamericana d Derechos Humanos se ha pronunciado en los términos siguientes: “Por otra parte, la Comisión ve con satisfacción el compromiso de respaldo asumido por miembros de la comunidad internacional para participar en numerosos proyectos de desarrollo social y económico.  También debería proporcionarse respaldo financiero y conexo para los esfuerzos de la OEA, las Naciones Unidas y otras entidades, tendientes a cumplir plenamente sus mandatos de proporcionar respaldo al Gobierno haitiano en ámbitos tales como gobernanza democrática, protección de los derechos humanos, administración de justicia y seguridad.” (4)

En relación con el juicio expuesto, tiene plena vigencia la exhortación que en 2006 efectuó la OEA: “Expresar su firme solidaridad con el pueblo haitiano mediante el apoyo al desarrollo institucional en Haití, así como el progreso económico y social, y exhortar a la comunidad internacional a renovar y mantener su compromiso de fortalecer la democracia en Haití prestando apoyo a los programas económicos y sociales con el objeto de aliviar la pobreza y fomentar el desarrollo económico y social.” (5)

En una extrema síntesis: los principales problemas de la seguridad humana en Haití están relacionados con la extrema pobreza y la exclusión social, que han privado a la mayoría absoluta de la población haitiana de los derechos fundamentales.

Los factores determinantes de estas condiciones son la debilidad estructural del Estado y el subdesarrollo económico y social que, como fuera señalado, han constituido las características sobresalientes del país a lo largo de su historia.

No obstante las distintas propuestas gubernamentales e internacionales para resolver los problemas, no se visualización soluciones a corto plazo, por lo que para promover el desarrollo y luchar contra la pobreza es necesario desarrollar estrategias de mediano y largo plazo.

Es dable estimar que existen pocas esperanzas de que Haití alcance alguno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015, a menos de que se proponga urgentemente una iniciativa concreta de cooperación internacional con ese propósito.

 

CITAS

(1)

Misión de las Naciones Unidas en Haití (UNMIH). Resolución 867, del 23 de septiembre de 1993.

Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (UNSMIH. Resolución 1063, del 28 de junio de 1996.

Misión Transitoria de la Naciones Unidas en Haití (UNTMIH). Resolución 1123, del 30 de julio de 1997.

Misión de Policía Civil de las Naciones Unidas en Haití (MINOPUH). Resolución 1141, del 28 de noviembre de 1997.

Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH). Resolución 1542, del 30 de ABRIL de 2004.

(2)

Los datos estadísticos, que provienen de las distintas fuentes citadas, han sido ajustados para ofrecer un valor referencial que facilite la comprensión de las ideas.

(3)

Discurso del Secretario General en la Reunión de países latinoamericanos componentes de la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), febrero de 2007 – Lima, Perú

(4)

Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2006. Capítulo IV. Desarrollo de los derechos humanos en la región.

(5)

Resolución OEA AG/RES. 2215 “Fortalecimiento de la democracia y del desarrollo socioeconómico en Haití”, junio de 2006.

 

FUENTES CONSULTADAS

I. Organización de las Naciones Unidas (ONU)

www.un.org

a. Documentos sobre la MINUSTAH:

  1. Resoluciones del Consejo de Seguridad.
  2. Informes del Consejo de Seguridad.
  3. Declaraciones del Consejo de Seguridad
  4. Informes del Secretario General.
  5. Declaraciones del Secretario General.
  6. Cartas del Secretario General al Presidente del Consejo de Seguridad y del Presidente del Consejo de Seguridad al Secretario General

b. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): Informe sobre el Desarrollo Humano – 2005

www. hdr.undp.org/reports/global/2005/espanol/

c. Organización Mundial de la Salud (OMS): Informe sobre la salud en el mundo 2006

http://www.who.int/whr/2006/es/

d. Secretaría General (SG) – Departamento de Mantenimiento de la Paz

II. Organización de Estados Americanos (OEA)

http://www.oas.org/

  1. Resoluciones del Consejo Permanente
  2. Resoluciones de la Asamblea General
  3. Declaraciones del Secretario General
  4. Informes del Secretario General
  5. Informes trimestrales del Secretario General
  6. Declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) deplorando la creciente escalada de violencia en HAITÍ, junio de 2005

III. Organismos No Gubernamentales

a. Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe – 2005

http://www.eclac.cl/

b. Índice de Desarrollo Democrático de América Latina

http://www.idd-lat.org

c. Failed States Index

http://www.fundforpeace.org/programs/fsi/fsindex.php

d. Trasparency International – Global Corruption 2006 Report

http://www.globalcorruptionreport.org/

e. Comité de la Cruz Roja Internacional

http://www.icrc.org/spa

IV. Varias

a. The Fact Book – Agencia Central de Inteligencia – EE.UU. – 2006

www.cia.gov/cia/publication/factbook

b. International Crisis Group

http://www.icg.org

c. HRW Atlas Mundial Mapquest

http.www.go.hrw.com/atlas

d. Enciclopedia Wikipedia

es.wikipedia.org (en español)

e. Diario La Nación, Miércoles 18 de Enero de 2006 – Artículo: Haití, el peligro de un neo-protectorado. Por Juan Gabriel Tokatlián

f. Diario La Nación, Martes 4 de Julio de 2006 – Haití y el mito progresista. Por Juan Gabriel Tokatlián