Conferencia presentada en la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia

BG. Ricardo Charry Solano

(Bogotá, COLOMBIA, 08/2010)

 

Autor: Andrea Lodeiro Encina

País: Chile

Datos Biográficos de la Autora: Periodista de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales ARCIS; Diplomada en Estudios Políticos y Estratégicos (Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, ANEPE); Magíster (c) en Seguridad y Defensa Nacional con Mención en Inteligencia Político Estratégica; egresada del Center For Hemispheric Defense Studies de los cursos Administración de Recursos de Defensa y Cooperación Interagencial y Contraterrorismo (Washington D.C. 2002 y 2006). Como periodista se ha desempeñado en las áreas de reportaje en la revista Rocinante y en el Diario El Metropolitano. Ha participado como Panel Chair en REDES 2003 y como panelista en el seminario de Inteligencia Estratégica del Centro de Estudios Estratégicos de la Armada Argentina. En docencia ha dictado las cátedras de Guerra de la Información y de Inteligencia y Contrainteligencia en las Comunicaciones en el Diplomado de Inteligencia Económica de la Universidad Bernardo O’Higgins y en la Universidad Mayor. Dirige desde hace siete años la revista AAINTELIGENCIA.
E- mail: contacto@aainteligencia.cl

 

I. INTRODUCCIÓN

 

Los últimos acontecimientos relacionados con la divulgación de información secreta del Pentágono, a través del portal Wikileaks, han dado lugar a muchas reflexiones en torno a la figura del secreto de Estado, a la función que cumplen los medios de comunicación y al desempeño de los servicios de inteligencia, respecto de sus actos y su publicidad. Sin embargo, el caso Wikileaks parece ser solo la punta del iceberg de un problema mucho mayor, en donde los asuntos de fondo están relacionados con la incompatibilidad de la figura del Secreto de Estado en una sociedad cada vez más demandante de información y más motivada por el ejercicio del control social hacia la administración pública y privada del Estado. Las sociedades cuentan para ello con mejores capacidades tecnológicas e instrumentos de comunicación, y también, un alto respaldo jurídico internacional al ejercicio de la libertad de expresión y al derecho al acceso de la información.
 
Desde esta perspectiva, es probable que los temas sobre la divulgación y la publicidad de actos y documentos de los servicios de inteligencia declarados como “secretos Estado”, junto con los actos y documentos declarados -tan solo- como “secretos del servicio de inteligencia”, sea uno de los problemas más frecuentes que tengan que enfrentar los sistemas de inteligencia durante las próximas décadas. El creciente interés por los “documentos secretos” es una señal elocuente[1].

 

II. CONTEXTO

 

Durante el 2009 la agenda noticiosa estuvo marcada por denuncias hacia las actividades de los servicios de inteligencia a nivel mundial. Baste recordar lo que sucedió en Brasil en septiembre de de 2008, cuando la revista VEJA denunció que fueron instaladas escuchas en el teléfono del presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes y que también fueron pinchados los teléfonos de altos representantes del Congreso y ministros del gobierno de Lula da Silva. También hay que anotar que esto ocasionó no solo la destitución del jefe de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin), sino que además toda una transformación al sistema.
 
Las escuchas o también conocidas “Chuzadas”, generalmente filtradas a la prensa, han sido claves en las más destacadas investigaciones policiales y escándalos políticos de los últimos años, no solo en Brasil, sino que en todas partes del mundo: en España, en México, en Colombia, en Perú. No obstante, estos casos aparentemente están vinculados a tramas oscuras entre opositores políticos, más que a problemas de seguridad nacional. Esto explicaría el hecho de que tales escándalos, pocas veces representa consecuencias para quien difunde este tipo de informaciones o para quien hace la denuncia. Por el contrario, hay quienes señalan que “en hora buena”, la prensa y los medios de comunicación e información en general, cumplen funciones tutelares hacia la administración pública de un Estado, especialmente, cuando divulga antecedentes secretos que develan prácticas inapropiadas o actos de corrupción, de parte de los aparatos de la administración pública.
 
Lo que habría que preguntarse, es si esa actitud se hace extensiva cuando se trata de los secretos que contienen información vital para supervivencia y seguridad del Estado, en un contexto donde el límite a la información de los estados se está desplazando peligrosamente hacia esos ámbitos del secreto. Es importante entender hasta que punto se puede ser flexible, toda vez que el secreto será siempre un requisito del poder, está presente desde el surgimiento mismo del Estado, como forma específica de organización del poder social.
 
El desafío para los servicios de inteligencia no es menor frente a esta situación. La inteligencia produce secretos, muchos realmente importantes para la seguridad nacional, en ese sentido habrá que buscar una fórmula para fortalecer esa frontera, salvando la dificultad del deber tutelar que se está exigiendo así misma la sociedad de la información y que se refleja en los contenidos de la prensa. También será conveniente observar la figura del Secreto de Estado, diferenciándola de lo que es un acto o documento secreto de un servicio particular de la administración del Estado, así mismo, entender el rol de los medios de comunicación y su participación en la divulgación de todo tipo de secretos, como también, revisar el papel de los servicios de inteligencia. Esta mirada a los distintos fenómenos involucrados en el problema planteado, nos ofrecerá un panorama general de hacia donde está marcando la tendencia, para luego identificar hacia donde deben conducirse los esfuerzos para enfrentar este escenario.

 

III. Secreto de Estado

 

Invocar que un asunto o información es secreto de Estado no es tan fácil hoy en día. Si bien, la figura del “secreto de Estado” la constituye toda aquella información cuya divulgación es perjudicial para la seguridad y los intereses del Estado, actualmente es más difícil diferenciar entre lo que es información general de un Estado de la información vital. La sociedad de la información impone muchos criterios para definir la condición de secreto de Estado, aunque igualmente en las leyes destinadas a este tema, se hace el esfuerzo en mantener algunos principios.
 
En Chile, hace exactamente dos años se promulgó la Ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, o también conocida como “Ley de transparencia de la función pública y de acceso a la información de la Administración del Estado”, donde se establecen también las excepciones a la publicidad de la información y crea el Consejo de la Transparencia, encargado de velar por las prácticas de transparencia de la administración pública. Las disposiciones de esta ley son aplicables a los ministerios, las intendencias, las gobernaciones, los gobiernos regionales, las municipalidades, las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa.
 
De acuerdo al artículo 5°, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas en esta ley y en otras de quórum calificado.
 
Las excepciones a las que se refiere esta Ley, están contempladas en los artículos 21, 22 y 23. En este sentido, el artículo 21[2] define las causas de secreto y el porqué de su denegación desde el aparato administrativo, el artículo 22 a las condiciones de lo que se haya declarado como secreto, vale decir, los alcances en el tiempo; mientras que artículo 23 propone normas acerca del manejo de dicha información y el rol que le compete a los organismos para su tratamiento.
 
Dice el art. 21 N°3, que será causal de denegación total o parcial al acceso a la información: “Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte la seguridad de la Nación, particularmente si se refiere a la defensa nacional o la mantención del orden público o la seguridad pública”. Asimismo en el N°4, se indica que esta causal se extiende también “Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el interés nacional, en especial si se refieren a la salud pública o las relaciones internacionales y los intereses económicos o comerciales del país”. En tanto que la misma restricción existirá “Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8º de la Constitución Política”.
 
En cuanto al tiempo estimado para que algunas informaciones de carácter reservado o secreto pueden permanecer en esta condición, se establece, dependiendo del caso, un plazo mínimo de cinco años y un máximo de diez, no obstante se exceptúan de este plazo y siendo de carácter secreto de manera indefinida actos y documentos que, en el ámbito de la defensa nacional, establezcan la planificación militar o estratégica, y de aquéllos cuyo conocimiento o difusión puedan afectar:
 
a) La integridad territorial de Chile;
 
b) La interpretación o el cumplimiento de un tratado internacional suscrito por Chile en materia de límites;
 
c) La defensa internacional de los derechos de Chile, y
 
d) La política exterior del país de manera grave.
 
De este modo, este conjunto de circunstancias y requisitos, constituyen para el caso chileno, gran parte de lo que podría definirse como secreto de Estado. Pero no obstante, las directrices parecen estar claras en el papel, para el periodista o para el común de las personas no es tan fácil discriminar. Este es un tema que se entiende bien en el seno de las ciencias políticas y militares, inclusive en los círculos de juristas y constitucionalistas, el secreto de Estado suele ser bastante comprendido en las dimensiones que justifican su existencia: el ejercicio del poder político y las razones de Estado. Y suele tener respaldo político en el campo de las relaciones exteriores y en otras dimensiones. Pero en el fondo, muchos temas que pudieran ser materia de secreto, pasan por alto hasta que no se han visto sus efectos al hacer la información pública.
 
Se entiende que los asuntos que son materia de secreto, conservan su condición hasta que son conocidos por la sociedad, y que en el Estado hay áreas que tienen pequeños espacios que deben ser cautelados. Esto se aplica para temas sensibles; en diplomacia por ejemplo, los acuerdos con otros países no se dan a conocer hasta haberse firmado; en defensa, los asuntos relacionados con las capacidades operativas guardan un secreto estricto; en materia económica, los estudios técnicos que precede la formulación de ciertas políticas y o decisiones monetarias, como el alza de intereses o intervenciones del Estado en el mercado monetario, así también en otras áreas, policiales y judiciales, en la lucha contra el crimen organizado o el terrorismo. Lo cierto, es que muchos de estos secretos son transitorios hasta que la autoridad decida la oportunidad y la forma de dar a conocer sus decisiones, si se filtran, el gobierno seguramente estará en problemas.

 

IV. El periodismo, la información y la libertad de expresión.

 

En Chile hay una anécdota curiosa. Corría el año 1910 y se preparaba en secreto el primer vuelo de un aeroplano en Chile. Durante semanas, Cesar Copetta Brosio, ciudadano francés residente en Chile y dedicado a la mecánica automotriz armó un modelo del biplano Voisin. En una chacra, en lo que hoy se conoce como la comuna de Ñuñoa, Copetta realizó un primer ensayo con éxito. Pero el secreto salió publicado al día siguiente en el diario “El Mercurio” en la columna de quien se hacía llamar Sporting Boy. Él mismo lo relata en su columna publicada el día 22 de Agosto: “La noticia de que Copetta volaría se había esparcido sin saber como, y fue preciso cerrar el portón de la chacra a fin de evitar la aglomeración de curiosos. Con todo no faltó un buen número que fue testigo del espectáculo singular de varios vuelos”. Entre los infiltrados, el famoso columnista y así fue como se filtró un importante secreto de Estado y consagró a Copetta como el primer aviador de Chile.
 
Pero hay otros asuntos importantes. El periodismo y los ciudadanos tienen un fuerte interés por los actos del sector público y aunque tarde o temprano ciertas decisiones o políticas se den a conocer, presionará por más. Intentará conocer las conversaciones privadas entre jefes de Estado, para conocer fundamentalmente los compromisos que motivan una decisión, las negociaciones, las ganancias y las pérdidas. Es ilustrativo para estos casos las razones que llevaron al Presidente Aznar a apoyar a EE.UU. en su guerra contra Irak, estando muchos estados en contra, ¿cuáles son los alcances de ese acuerdo? Las relaciones entre Colombia y EE.UU., entre Venezuela e Irán, entre Brasil y los países africanos, también serán temas interesantes pese a las razones de Estado.
 
Al filtrarse una de estas informaciones y otras que corresponden a la esfera estatal, la pertinencia de su divulgación, se dará en la medida del criterio periodístico: La relevancia social. El periodismo, como actividad libre e independiente de los poderes, suele verse en la encrucijada cuando no calcula bien los efectos de una noticia. De todos modos, será siempre muy difícil achacar responsabilidades a la prensa.
 
Muchas de las denuncias de la prensa tienen una connotación en las múltiples dimensiones del Derecho a la Libertad de Expresión. Esta prerrogativa es favorable en muchos casos para la prensa, porque la libertad de expresión no solo está consagrado como un  derecho esencial de la naturaleza humana, el cual supone tanto emitir opiniones sin coacción alguna, como también a recibir esas opiniones. Además, de alguna forma se ha entendido que la libertad de expresión presenta una doble dimensión, donde violar el derecho individual de expresión afecta al derecho colectivo de recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno. En este argumento cabe también otra idea, el derecho a la información queda configurado como una dimensión del derecho a la libertad de expresión. Entonces el derecho a la información no es autónomo, es una prolongación del derecho a la libertad de expresión, aspecto considerado en diversos instrumentos jurídicos internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos” (Pacto de San José de Costa Rica) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos disponen en este sentido, que “este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole” (artículos 13.1 y 19.2 respectivamente). Idea que también se encuentra en varias constituciones como en la de Argentina (Art.14) de Brasil (Art. 5° IX), Bolivia (Art. 7, letra b) y también en Colombia (Art. 20).

 

V. Los servicios de Inteligencia

 

Acostumbrados a relacionar los servicios de inteligencia a las viejas historias de espionaje, a los actos conspirativos, son focos predilectos de observación. Curiosamente se me ha invitado a hablar de la relación entre los medios de comunicación y los servicios de inteligencia y como es esta relación cuando se trata de secretos de Estado. Bueno, yo suelo afirmar que era periodista porque hace años que no hago periodismo propiamente tal, opté por “aliarme al enemigo”. Dirijo una revista orientada a los profesionales de los servicios de inteligencia y a menudo hago clases de inteligencia.
 
Créanme que cuando trabajaba en un diario capitalino, cuya vida fue fugaz, el organismo que desempeñaba las funciones de inteligencia nacional de aquel entonces, la DISPI, era mi blanco favorito. Que si la Dispi contrataba extremistas, que si la Dispi pagaba informantes, si perseguía a los estudiantes cuando protestaban. Afortunadamente tenía un jefe más experimentado y me desinflaba las noticias cuando no tenían sustento suficiente y me recordaba que siempre los estados requieren de servicios de inteligencia, por cierto, también me recordaba que no confiara a ciegan en quienes llegaban con denuncias de este tipo, porque podía ser presa de un caza bobos (ser usada en una operación de inteligencia).
 
Mi editor que había sido combatiente en contra del régimen militar, que había sido perseguido por los aparatos de inteligencia de esa época, entendía que bajo un Estado democrático las normas eran otras y los objetivos de esta División también lo eran. Así, con esa actitud siempre era él quien llegaba con antecedentes sabrosos que aportaba algún funcionario de este organismo para condimentar un reportaje de día domingo.
 
Pero no todos los editores tienen la misma actitud. Y en periodismo suele ser noticia todo lo que se quiere ocultar (como repetía uno de mis profesores de inteligencia). La relación entre los servicios de inteligencia y los medios de comunicación debe entenderse siempre en esos términos. El periodista trabaja entre otras cosas con aquello que no es deseable que se de a conocer para algunos actores. Sobre todo, cuando cumple un rol en el control público de los poderes del Estado.
 
El periodismo de investigación construye la noticia con métodos muy similares a los empleados por los servicios de inteligencia (entre otras cosas manejan fuentes confidenciales). Es sabido también que en los medios de prensa, el trabajo del periodismo de investigación se realiza en estricto secreto y, las portadas de los matutinos no se conocen hasta ser publicadas. Hay muy poco tiempo para reaccionar. Este punto en común no debe ser entendido como funciones comunes, tanto los productos como los consumidores son bastantes diferentes. La función periodística se rige por los principios de libertad de prensa, de libertad de expresión y el derecho a la información de sus consumidores, en tanto que la función de inteligencia se basa en principios diferentes: pertinencia, compartimentaje, oportunidad, etc. Y fundamentalmente busca y desarrolla inteligencia que tenga consecuencias en la decisión de la autoridad, aunque los medios de comunicación producen información que tiene consecuencias en la opinión pública y sus preferencias. Canaliza entre otras cosas, el control público de los poderes del Estado
 
Cuando los servicios de inteligencia no manejan bien sus relaciones con la prensa, suele ser “noticia”. Así sea en el caso de intercambio de documentos, como también en relaciones no pactadas. Buscando un aliado en los medios de comunicación se puede encontrar un enemigo. El periodismo de escuela, irá siempre con una mochila de directrices éticas, como la objetividad, la búsqueda de la verdad, la relevancia social, en fin.
 
Políticas para acercarse a la prensa y a la sociedad son un buen principio. El Director del servicio de inteligencia exterior alemán, Ernst Uhrlau sostiene en la página web de esta unidad que: “La opinión pública tiene el derecho de ser informada sobre nuestras actividades“. Argumentando que esto es posible a que hay normativas legales claras para su trabajo y un eficaz control parlamentario[3]. Partiendo por ahí, incluir políticas comunicacionales que sean integradas por la organización y aplicadas hacia fuera de sus puertas, es una decisión que integra adaptaciones al contexto. Curiosamente en 2008 fue él mismo quien pidió disculpas a una periodista que había sido objeto de espionaje. Los servicios secretos tenían en la mira al ministro de Comercio e Industria de Afganistán, Amin Farhang, cuando accidentalmente toparon con los mails de la periodista alemana Susanne Koelbl, colaboradora del semanario Der Spiegel. Los agentes leyeron los mails de la periodista y del funcionario afgano, entre junio y noviembre del 2006[4]. ¿Cómo se supo?, los agentes retuvieron los emails y se filtraron.

 

VI. La Sociedad de la Información

 

Foros, Yutube, Facebook, blogs. Las comunidades informáticas manejan información, cada vez más la producen y cada vez más hacen uso de ella. El uso de internet en América Latina creció un 23% el año pasado, encabezando el porcentaje de crecimiento Colombia con un 36%. Del total de ataques ocurridos en internet, un 11% se produjeron en Sudamérica[5].
 
En 1995, 45,1 millones de personas tenían internet, cinco años más tarde, el 2000, ya eran 420 millones de usuarios, en el 2005 había ya 1,08 billones de usuarios, y a septiembre de 2009 la cifra había aumentado a 1,78 billones.
 
Noventa trillones es el número de emails enviados durante 2009, circulan diariamente 247 billones de mails. 200 billones de spam circulan por emails cada día. A diciembre de 2009 existían 234 millones de de sitios webs y 126 millones de blogs. El número de twits por día se eleva a la cifra de 27,3 millones. 4,63 millones de seguidores tiene el inventor de Twitter Ashton Kutcher. Facebook recibe 260 billones de visitas por mes. Más de 6 millones de páginas webs son vistas por minuto. 12,2 billones de videos de Youtube son vistos cada mes solo en EE.UU.
 
Las cifras son más preocupantes aun cuando nos enteramos que se produjeron 2,6 millones de ataque maliciosos, también el año pasado.
 
Otro dato: Wikileaks ha recibido más de 1,2 millones de documentos provenientes de sociedades con regímenes críticos y de fuentes anónimas.
 
¿Qué nos dicen estos números? Bastante. Las sociedades tienen una creciente demanda de información, las conexiones sociales no son meras relaciones de amistad, hay vínculos importantes a la hora de seguir una causa. Internet conecta, vincula, y ayuda a la asociación de millones de personas en el mundo. Este medio permite además, ubicar los valores y compromisos de los ciudadanos que divulgan y comparten usando un mismo canal. Hoy en día es bastante más fácil encontrar aliados, basta entender que las aplicaciones que están disponibles en internet permiten que nos vinculemos por nuestros intereses, porque los informamos oportunamente cada vez que nos expresamos por este medio: dejamos registros, huellas, identidad, gustos, preferencias, imagen, Etc.
 
Finalmente, la unión por una causa común, genera en este contexto, organizaciones más fuertes. En enero de este año, Turquía bloquó 3.700 páginas webs por motivos políticos, con críticas del OCSE por considerar que se estaban violando los derechos al acceso de información. Pero si pensamos en los billones de usuarios, las causas políticas, realmente podrán llevarse a cabo a pesar de la censura. ¿Cuántas de estas causas afectarán las esferas del secreto de Estado, cuando se trate del ejercicio del derecho a la información o cuando se piense que están violando los derechos fundamentales?

 

VII. Conclusiones

 

De alguna manera, “el secreto” dentro de la administración estatal, va en dirección contraria a muchas de las expectativas e ideas de la sociedad, la que además se articula con unas condiciones de conectividad tecnológica únicas en la historia de la humanidad para gestionar sus intereses. Hay que admitir que resulta bastante obvio que en estas circunstancias, irá en aumento la coordinación a través de campañas comunes, las que tendrán cada vez más sentido, coherencia y expresiones a través de la movilización para alcanzar distintos objetivos, sean buenos o malos, punto siempre discutible. El caso Wikileaks es un ejemplo interesante de esta disyuntiva, porque concursan todos los actores que hemos mencionado en esta reflexión y cada uno con un rol específico.
 
La prensa concursa como mero espectador y difusor de información secreta ya publicada, lo significativo es que todo esto se produce en un contexto donde periodistas y medios de prensa, se inclinan a explotar estos hechos, siendo ellos también parte de un complejo sistema de relaciones con denunciantes y denunciados. Son a veces o a menudo, involucrados en las actividades de las agencias de inteligencia voluntaria o involuntariamente, generando dinámicas confusas y negativas en varios aspectos.
 
Igualmente la prensa y los medios de comunicación en general, no son realmente responsables de que las personas se organicen para distintas causas, siendo una de ellas, acceder, controlar y/o administrar la información existente. Sin embargo la sociedad, o parte de ella, más dispuesta a ejercer su derecho a expresarse, a recibir y buscar información tampoco puede ser vista como el problema. El problema de los secretos de Estado está en quien pretende guardar secretos en un contexto como el actual.
 
Por otro lado, no está demás en destacar que el gran problema de Julian Assange no es que su portal Wikileaks haya recibido un gran volumen de información confidencial o documentos secretos (1,2 millones), destinados a ser publicados por su medio; para eso tiene cuanta libertad es posible para hacerse cargo de los secretos de Estado que le han confiado cientos de individuos anónimos, con organización detrás o sin ella. Es importante comprender que para este caso, lo único que representa realmente un problema para el dueño de Wikileaks, es donde alojar sus servicios; si su hosting lo aloja en un servidor alemán violaría la legislación, pero si lo aloja en Suiza no es ilegal. La información que publica suele ser noticia por denunciar malas prácticas, en este sentido cuenta con apoyo.
 
Las tendencias y señales parecen estar claras; las condiciones son favorables para que surjan nuevos casos como el ya mencionado. Desde esta perspectiva, los servicios de inteligencia y quienes detentan los secretos que hacen el diferencial en las cuotas de poder, deberán adaptarse a esta situación, y ojalá mejorar en todos los sentidos. Es requisito, tener conciencia de la presión ejercida por las sociedades, por la prensa y por todos quienes no están de acuerdo con el modo de hacer las cosas o no entienden las razones que motivan su actuar. Sus demandas o sus acciones pueden ser legítimas o no, sin embargo, el sol no se oculta con una mano y deben repasarse constantemente las cuotas de responsabilidad que le cabe a cada actor.
 
Los servicios de Inteligencia que deben trabajar ciertos temas bajo secreto, los Estados que administran también su poder bajo estas circunstancias, pueden, no obstante, bajar las presiones que existen para develar aquello que se oculta por razones estratégicas. Especialmente los servicios de inteligencia, pueden contribuir fortaleciendo sus instituciones en medidas de seguridad, pero sobre todo, puede fortalecer en buena parte su prestigio e imagen, aceptando que la actividad es compleja y que requiere porcentajes de responsabilidad muy superiores respecto de otras actividades.

 

Algunas ideas que surgen de este diagnóstico para los servicios de inteligencia son:

 

Educación:

 

La formación de cuadros profesionales es un requerimiento indispensable, es en esa condición donde se puede evitar que el agente pase a ser fuente de información. Las filtraciones a la prensa y otros medios se producen muchas veces por esta vía.

 

Transparencia en lo medida de lo posible:

 

Se piensa que potenciar la cultura de inteligencia está relacionado con incluir un departamento de Relaciones Públicas en los servicios de inteligencia, nada más equivocado. Toda vez que los organismos son servicios para el Estado, es responsabilidad del Estado fomentar mecanismos para que sus gestiones y decisiones sean asimiladas por la opinión pública. No obstante, hay que dar señales de lo que se está haciendo tiene un sentido válido, y por ello favorece a las agencias contar con portales web donde se exhiban las leyes de inteligencia, y los aspectos generales de su función. La ABIN, la CIA, la BND cuentan con portales con información acotada de sus actividades, prensa, y cuentas públicas, acto que podría extenderse a otros países de la Región, como Chile que mantiene un exagerado velo sobre la ANI, considerando que podría mantener un portal con información básica acerca de la actividad y su legislación.

 

Control parlamentario:

 

El control parlamentario es un mecanismo por el cual se pueden representar las inquietudes de la sociedad y fiscalizar el cumplimiento de la Ley. No obstante, un excesivo control parlamentario y exigencias desmesuradas para ser informados sobre las actividades de los servicios de inteligencia, puede lesionar las labores del organismo. Es frecuente que los mismos parlamentarios filtren antecedentes de sesiones secretas en ocasiones poco adecuadas, motivados por intereses políticos. Con todo, es singularmente necesario que exista un control externo de este tipo, pero que coincida con objetivos claros y compartidos.
 
Estos tres conceptos deben ir unidos o dirigidos en una dirección coherente con la visión de Estado. Si están incorporados estos conceptos en una política de Inteligencia, es aun más positivo. Finalmente, cuando las reglas están claras, las suspicacias disminuyen o al menos, se acotan a un grupo de temas mejor definidos. Idealmente un servicio de inteligencia no debe ofrecer dudas acerca de cual es su función y los aportes que representa para el Estado. Majaderamente, cuando hay dudas aparecen los motivos, tanto al interior de las instituciones como en el exterior.


[1] Es recomendable observar los principios que fundamentan la creación del sistema Wikileaks. En su página web señala: “Wikileaks desarrolla una versión no censurable de Wikipedia para la publicación masiva y el análisis de documentos secretos (“Leaks”), manteniendo a sus autores en el anonimato. (leaking = hacer pública alguna información sin contar con autorización o aprobación oficial, a pesar de los esfuerzos para mantenerla en secreto.) Nuestro principal interés se centra en los países con regímenes totalitarios como China, Rusia, la Eurasia Central, el Próximo Oriente y África Subsahariana. No obstante, nosotros cooperamos también con todos aquellos que quieran desvelar comportamientos no éticos por parte de sus gobiernos y empresas. Nuestra meta es conseguir la mayor influencia política posible, lo cual quiere decir que nuestra interfaz sea equiparable con Wikipedia, de manera que pueda ser también utilizada por usuarios sin conocimientos técnicos. Por el momento hemos recibido más de 1,2 millones de documentos provenientes de sociedades con regímenes críticos y de fuentes anónimas. Ver: http://wikileaks.org/wiki/Wikileaks/es
[2] Ley 20.285 Art. 21: “Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes:
1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente:
a) Si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales.
b) Tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas.
c) Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales.
2. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico.
3. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte la seguridad de la Nación, particularmente si se refiere a la defensa nacional o la mantención del orden público o la seguridad pública.
4. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el interés nacional, en especial si se refieren a la salud pública o las relaciones internacionales y los intereses económicos o comerciales del país.
5. Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8º de la Constitución Política.
[3] Sitio web en español del BND:  http://www.bnd.de/ES/__Home/Startseite/startseite__node.html?__nnn=true
[4] DW: Ernst Uhrlau, jefe del servicio de inteligencia alemán, (BND), fue interrogado por el caso de espionaje de una periodista alemana y un funcionario afgano por parte de sus agentes.  http://www.dw-world.de/dw/article/0,,3291283,00.html
[5] Informe: State of Internet en: http://www.akamai.com/stateoftheinternet/

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