Autor: Tomás Grandón Hidalgo

País: Chile

Datos Biográficos del Autor: Prefecto (R) PDI. Ex-Profesor de Inteligencia Policial Presencial y e-Learning en la Escuela de Investigaciones Policiales ESCIPOL. Licenciado en Ciencias de la Investigación Criminalística. Academia Superior de Estudios Policiales. ASEPOL. Titulado Profesor Institucional de la PDI, ASEPOL. Graduado en “Metodología de la Investigación”, Facultad de Economía Universidad Católica. Graduado del “Curso Superior de Estudios Políticos y Estratégicos”, ANEPE. Diplomado en “Actualización Pedagógica y Metodológica”, Univ. Alberto Hurtado. Diplomado en Análisis y Prospectiva de la Realidad Nacional, Universidad Alberto Hurtado Diplomado en Criminología, ASEPOL. Diplomado en Alto Mando Policial, ASEPOL. Diplomado en Inteligencia Estratégica. ANEPE.

I.- INTRODUCCIÓN

Los Agentes de búsqueda en actividades de inteligencia en general, como de contrainteligencia en particular, deberían contar con respaldo legal para operar en la clandestinidad, pero ello no ocurre en la mayoría de los casos, ya que las Instituciones y los Estados, pocas veces reconocen una acción encubierta que ha quedado en evidencia por fracaso en el procedimiento, quedando los agentes al descubierto y sin protección legal.

El tema tiene entre otros, un hecho de connotación nacional que involucró a las más altas autoridades del País, como es el caso del contraespionaje en la sede consular Argentina en Punta Arenas en el 2003, cuyos involucrados pertenecientes al Ejército y a la Fuerza Aérea Chilena (FACH), fueron sancionados administrativamente y condenados por la Justicia Militar, por incumplimiento de deberes militares.

Por ello se tratará de establecer la existencia de normas legales eximentes de sanción penal, en caso de comisión de ilícitos en cumplimiento de la actividad de inteligencia encubierta, en la vida democrática de nuestro país.

II.- LA LEGISLACIÓN

Nuestro país no había tenido una legislación de Inteligencia a nivel de Estado, ésta se desarrollaba conforme a las normas de cada institución militar y policial. Con la llegada del gobierno militar en 1973, se comienzan a formar organismos de inteligencia a nivel nacional, siendo el último la Central Nacional de Informaciones, que fue disuelta en febrero de 1990, días antes de la asunción del primer gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia, continuando las responsabilidades de producción de inteligencia militar en las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la de seguridad interior en Carabineros y en la Policía de Investigaciones, que era aportada directamente al Ministerio del Interior, función que mediante Decreto Supremo Nº 363 del 26.ABR.1991, fue centralizada en una dependencia de ese Ministerio, denominado Consejo Coordinador de Seguridad Pública, conocido como “La Oficina”, luego por la Ley Nº 19.212 del 30.ABR.1993, nace su sucesora la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones (DISPI), la cual fue derogada por la Ley Nº 19.974 del 27.SEP.2004, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado (SIE) y crea la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).

La Ley 19.212 vigente en el año 2003, no se pronuncia sobre la actuación de los agentes de inteligencia ni a los ilícitos en que estos puedan incurrir en sus funciones, solo se refiere a las relaciones con ellos, señalando en su artículo 2°: que el Ministro del Interior coordinará las actividades de los organismos de seguridad pública interior, y dispondrá, además, de las informaciones que le proporcionarán las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. En relación a la inteligencia militar, en su Artículo 3° indica que la Dirección se relacionará a través del Ministerio de Defensa, con los organismos de inteligencia de las FF.AA., “para recabar la información referente al orden público y a la seguridad pública interior de que ellos tuvieren conocimiento”.

El diario El Mercurio informa que el domingo 9 de Noviembre de ese año (2003), dos suboficiales agentes del Destacamento Especial de Inteligencia (DEI) de la Región Militar Austral (RMA), uno del Ejército y otro de la FACH, fueron sorprendidos en el consulado Argentino de Punta Arenas, del cual se dieron a la fuga abandonando pertenencias y documentos personales en el recinto.[1] El diario La Nación de Argentina, señala que: “El sugestivo intento de robo fue abortado cuando el cónsul adjunto en Punta Arenas, José Andrés Basbus, concurrió a la sede diplomática a las 9 y descubrió a los sospechosos.”[2]

De acuerdo a información del diario La Nación, los agentes recopilaban información creyendo que el cónsul estaría fuera del país, según versión del informante “Lucio”, y de acuerdo a “fuentes militares la participación de Lucio es analizada como una trampa para intentar “tapar” las labores de espionaje realizadas por Basbús”. Agrega, que en el expediente tramitado por la justicia militar de la XII Región, se indica que la operación de contraespionaje revela que el cónsul, operaba como un agente productor de información en esa zona del país, señalando que los agentes encontraron documentos con información sobre los ejercicios de tropas chilenas cerca de la frontera con el país vecino, y que “Basbús mantenía en su caja fuerte documentos con el perfil sicológico de las autoridades civiles y militares de la zona, como también los registros de viajes de una aerolínea que efectuaba traslados a las Malvinas desde la región austral.”[3]

Al conocerse los hechos, renunció el General al mando de la RMA y se llamó a retiro al Teniente Coronel jefe del DEI, posteriormente la Ministra de Defensa aprobó el Sumario Administrativo, en el cual se sanciona además con la separación del Ejército a un Mayor y a un Suboficial, y con 20 días de arresto a un Cabo de la FACH. El Mercurio agrega que: “Los cuatro efectivos están acusados del incumplimiento de deberes militares y con el mismo cargo enfrentan un proceso paralelo que actualmente está radicado en la Justicia Militar.”[4].

El 5º Juzgado Militar condenó con 61 días de presidio a los dos oficiales y 60 días de prisión a los dos suboficiales, por incumplimiento de deberes militares, lo que fue confirmado por la Corte Marcial, que se pronunció luego de analizar la apelación presentada por la defensa de los oficiales. El Mercurio agrega que: “Los ex uniformados pedían ser absueltos de los cargos, puesto que según su parecer, ellos sólo cumplieron con su deber profesional al ordenar una misión de inteligencia”. Este argumento no fue válido para los ministros, ya que a su juicio al desarrollar una conducta ilícita incumplieron un deber militar, y que la misión que ordenaron a dos subalternos de ingresar de manera ilegal al consulado, “fue encuadrada erróneamente como una operación especial de inteligencia”.[5]

A esta resolución los ex-oficiales interpusieron un recurso de casación en el fondo ante la Corte Suprema, donde el Abogado defensor de ambos estimó que la Corte Marcial hizo una interpretación errónea del Código de Justicia Militar (CJM) y que el hecho debió considerarse una operación especial de contraespionaje. Estimó que los ministros debían considerar “el Reglamento de Inteligencia Función Secundaria N° 1401, de 1994, publicado en el Boletín Reservado del Ejército, el Reglamento de Contrainteligencia y el Procedimiento para la Ejecución de una Operación Especial de Contrainteligencia”, que eximirían de responsabilidad en el delito de incumplimiento de deberes militares, ya que “constituía un deber efectuar actividades de contrainteligencia, esto es, negar la obtención de información de inteligencia que pudiese ser útil para el adversario, en este caso, para el vicecónsul argentino.” Sin embargo, la Corte Suprema rechazó este recurso.[6]

En declaración de este año al diario La Prensa Austral, el defensor del funcionario de la FACH, estimó que debió dictarse fallo absolutorio, a la condena que afectó a su cliente a 60 días de prisión en carácter remitida (firmando). “Siempre hemos argumentado de que aquí los responsables ya pagaron, que son quienes impartieron las órdenes”, refiriéndose a los dos oficiales, “sin embargo las personas que ejecutaron el mandato, tenían una obligación de obedecer, y así lo hicieron, por tanto ellos no tendrían por qué ser sancionados”. El abogado agregó que su defendido aún se encuentra en servicio, tras ser redestinado a Santiago.[7]

VERA (2008) en su libro Sistema de Inteligencia del Estado a la luz del Derecho, señala: “los implicados fueron descubiertos, dados de baja de las respectivas instituciones y además condenados por el delito de incumplimiento de deberes militares previsto y sancionado en el artículo 299 Nº 3 del Código de Justicia Militar” (p. 146).

“Por otra parte, las únicas actividades especiales reguladas por la Ley Nº 19.974 son los procedimientos especiales de obtención de información (art. 23 y ss.). Sin embargo, no son las únicas que realiza la Inteligencia” (p. 145).

“Como vemos, se utilizó un procedimiento conocido como allanamiento encubierto –no regulado actualmente en la Ley Nº 19.974 ni en otra Ley- y que según los implicados estaría consagrado en un Reglamento secreto” (p. 148).

 La Ley Nº 19.947 del 02.OCT.2004, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado (SIE) y crea la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), en su artículo 20 señala que la Inteligencia Militar “comprende la inteligencia y la contrainteligencia necesaria para detectar, neutralizar y contrarrestar, dentro y fuera del país, las actividades que puedan afectar la defensa nacional”. Además, en sus artículos 34 y 42 hace un reconocimiento a las disposiciones reglamentarias, ya que se refiere a que los procedimientos empleados se adecúen al respeto de las garantías constitucionales y a las normas legales y reglamentarias.

En dicha Ley, no se encuentra establecido en forma cabal, algún eximente de responsabilidad penal para los agentes de inteligencia, al cometer algún ilícito en cumplimiento de sus funciones, y solo en sus artículos 31 y 41 da una forma de protección, al facultar el porte y uso de documentación ficticia para respaldar la identidad destinada a ocultar la del agente encubierto, y otorgarles el derecho a mantener en secreto la identidad de las personas que han sido sus fuentes de información, las que no estarán obligados a revelar ni aun a requerimiento judicial, respectivamente. En las otras dos disposiciones legales anteriores sobre inteligencia nacional, el Decreto Supremo Nº 363 de 1991 y la ley Nº 19.212 de 1993, no se mencionan eximentes de responsabilidad penal para los agentes.

Consultado al respecto al Abogado, Capitán de Ejército (J), Fiscal Militar de Malleco, don Rodrigo Vera Lama, señaló:

“No existe normativa específica que exima a los agentes de Inteligencia de responsabilidad penal ni que la atenúe. Sólo están las disposiciones generales del Código Penal, a diferencia de lo que ocurre en la ley 20.000. Existe falta de protección al personal en todo sentido, su identidad, su responsabilidad penal, etc. Es totalmente diferente a casos de países extranjeros, donde hasta pueden mantener en secreto el grado jerárquico que ostentan y actúan bajo la denominación de “Special Agent” o Agente Especial, y nadie sabe si son tenientes, capitanes, mayores, etc. Así ocurre por ejemplo en Office of Special Investigations (OSI) de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.”

Al consultarle si el caso tratado podría haberse encuadrado en la tipificación de allanamiento ilegal o violación de domicilio, por tratarse de un inmueble protegido, además bajo jurisdicción extranjera, expresó:

“Creo que no se aplicó el art. 155 del Código Penal (allanamiento ilegal), 120 (violación de domicilio de representante de potencia extranjera) o 144 (violación de morada), o 161-A (recopilación no autorizada de información en recintos particulares o restringidos), por varias razones: en primer lugar, tratándose del 155 no se dan los supuestos jurídicos, es decir, las exigencias del tipo penal para estar en presencia de un “allanamiento”, lo que sería distinto por ejemplo si fueran policías que realizan el procedimiento sin autorización judicial. En segundo lugar, una vez que el caso pasa a la justicia militar, y considerando que había relaciones internacionales de por medio, y en consecuencia, “política internacional” se opta por aplicar el tipo penal de incumplimiento de deberes militares debido a que causa menos impacto que un delito común del Código Penal como la violación de morada o violación de domicilio de representante de potencia extranjera, y así se descomprime un poco el asunto. Además, debido a que había varias faltas cometidas, el incumplimiento de deberes militares engloba toda la conducta de estos “agentes”, desde el principio de la operación hasta que son descubiertos, a diferencia de la violación de morada que se refiere sólo al hecho puntual en que la operación falla. Por los mismos motivos no se recurrió al art. 161-A. Así se explica la aplicación del tipo penal del 299 Nº 3 del CJM.”

 Respecto al hecho de no haberse considerado por la Corte Suprema la normativa reglamentaria en el caso tratado, expuso:

“El máximo Tribunal estimó que la causal de justificación invocada exige que el imputado haya obrado en el cumplimiento de un deber, es decir, conforme a una obligación de naturaleza jurídica emanada de la ley, o en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo; y las alegaciones tendientes a demostrar que el proceder de los encartados se ajustó a la normativa sobre Procedimiento para las Operaciones de Contrainteligencia y al Reglamento de Inteligencia Función Secundaria, no resultan atendibles desde que el rango de esta normativa no transforma en lícitas las acciones que no lo son ante las leyes.”

Sobre el reconocimiento que la ley de inteligencia hace de las normas de Reglamento, manifestó:

“Considerando la jurisprudencia de la Corte Suprema en el caso Punta Arenas, queda establecido que no obstante esta remisión a los Reglamentos, siempre ha de preferirse la norma de jerarquía superior, es decir, la Ley; y, en consecuencia, si están contra la norma legal, no podrán invocarse como atenuante o eximente.”

La figura del agente encubierto militar o policial, se indica en el art. 31 de la Ley de Inteligencia, designado por el Jefe de su organismo de inteligencia, sin necesidad de autorización judicial. La misma figura bajo la responsabilidad del Ministerio Público, se encuentra señalada en el art. 369 ter del Código Penal, inciso final, que complementa a la ley de drogas modificada por la Ley 20.000 del 16.FEB.2005, la que en su art. 25 faculta al Ministerio Público a autorizar a los policías para actuar como agentes encubiertos, el que podrá tener una identidad ficticia, por lo que el Registro Civil deberá otorgar medios para su materialización. En su inciso final señala que “estarán exentos de responsabilidad criminal por aquellos delitos en que deban incurrir o que no hayan podido impedir, siempre que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación y guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma”. En su art. 30 y ss., dispone normas de protección cuando el Ministerio Público estimare riesgo para la integridad de un agente encubierto incluso de sus familiares directos, adoptando las medidas especiales de protección, a su identidad, su domicilio, privacidad, etc.

Entrevistado el Subjefe de la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial (JENAINPOL), de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), sobre la percepción de desprotección de la Ley de Inteligencia, ante el riesgo de sanción penal, al contrario de la Ley de Drogas, manifestó:

“Se debería eximir de responsabilidad criminal al “agente encubierto” en la forma que lo señala el Art. 25 inciso sexto de la ley de drogas. Para ello además, se debería permitir que en casos e ilícitos de connotación social dentro del ámbito de la Ley de Inteligencia, sean tratados por Fiscales Regionales, sin revelar la identidad de los agentes. Esto debido a que las instituciones que están al margen del sistema de inteligencia, (Ministerio Público, Defensorías, Jueces de Garantías, Corte de Apelaciones, entre otras), demuestran un desconocimiento de la ley de Inteligencia; un claro ejemplo es la notificación y exposición de parte de fiscales, para la concurrencia de agentes de inteligencia a declarar en los juicios orales públicos.

Para evitar caer en ilícitos, la Ley Nº 19.974 debería ampliar su protección con la identidad ficticia al “agente encubierto”, haciéndola extensiva también para crear organizaciones o empresas de fachada, con la posibilidad de generar una persona jurídica, con las debidas concesiones tributarias que ellas requieran.”

En el contexto precedente, cabe agregar la necesidad de extender el respaldo legal, a las patentes para vehículos encubiertos.

Para comparar nuestra legislación con la extranjera, se recurrió a las Leyes de Inteligencia Nacional de países limítrofes, estableciendo que las de Argentina y Perú, no contienen disposiciones eximentes o atenuantes de responsabilidad penal para los agentes. En Bolivia se estudia el proyecto de Ley de Inteligencia del Estado, presentado este año a la Asamblea Legislativa Plurinacional.[8]

III.- CONCLUSIÓN

Como hemos visto, en la legislación de inteligencia a nivel nacional en la vida democrática de nuestro País, no hubo ni hay una disposición que establezca categóricamente la existencia de eximentes o atenuantes de sanción penal para los agentes de inteligencia, en caso de comisión de ilícitos en cumplimiento de la actividad propia. No obstante, se deduce que la actual ley de inteligencia, respaldaría en cierta forma un caso como el tratado, ya que a la Inteligencia Militar le atribuye contrainteligencia necesaria para detectar, neutralizar y contrarrestar, dentro y fuera del país, actividades que puedan afectar la defensa nacional, y hace un reconocimiento a las disposiciones reglamentarias. No obstante, al estimarse estas contrarias a las normas legales, pierden valor como atenuantes o eximentes.

Solo en la Ley chilena sobre control de drogas, posterior a la de inteligencia, se establecen claras eximentes de responsabilidad penal, por ilícitos cometidos en el cumplimiento de funciones propias del agente encubierto.

En la legislación comparada, vista las leyes de inteligencia nacional de Argentina y Perú, no existen disposiciones que eximan o atenúen las faltas de los agentes de inteligencia.

Por lo establecido, se estima de mucha necesidad la homologación de la ley de inteligencia a la ley de drogas, para unificar las eximentes de responsabilidad penal, ya que si existen para el ámbito del narcotráfico, cuanto más será necesario e importante para el de la seguridad y defensa nacional. Se estima necesario también, legalizar la figura de empresas y patentes de vehículos encubiertas, para respaldar las historias ficticias de los agentes encubiertos. Mientras ello no ocurra, nuestros agentes deberán seguir procurando cumplir sus funciones en la forma más profesional posible y no exponerse a sanciones administrativas y penales.

BIBLIOGRAFÍA.-

Entrevistas:

Subjefe de la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial (JENAINPOL) de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

Vera Lama, Rodrigo. Abogado, Capitán de Ejército (J), Fiscal Militar de Malleco, autor del libro Sistema de Inteligencia del Estado a la luz del Derecho.

Ley en línea:

Congreso Argentino. Ley Nº 25.520 (2001, 03 diciembre). De Inteligencia Nacional, [en línea]. [Consultado el 20.OCT.2010], disponible en:

<http://www.policia.rionegro.gov.ar/PaginasMenu/Legislacion/LeyesNacionales/Ley%20N%C2%A6%2025.520%20Inteligencia%20Nacional.pdf>

Congreso de la República del Perú. Ley Nº 28.664, (2005, 29 diciembre). Del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) del Perú, [en línea]. [Consultado el 20.OCT.2010], disponible en:

<http://www.arcastilla.org/normas/Ley_28664_Ley_del_Sistema_de_Inteligencia.pdf>

Corte Suprema, (2007, 30 enero). Sentencia dictada en causa Rol 5059 – 05. [en línea]. [Consultado el 25.OCT.2010], disponible en:

<http://www.poderjudicial.cl/modulos/BusqCausas/BCA_esta402.php?rowdetalle=AAANoPAANAABCfTAAI&consulta=100&causa=5059/2005&numcua=3418&secre=UNICA>

Ministerio de Justicia. Código Penal de Chile, (1874, 12 noviembre). Versión del 18.MAR.2010. En Biblioteca del Congreso Nacional, [en línea]. [Consultado el 20.OCT.2010], disponible en:

<http://www.leychile.cl/Consulta/listaresultadosimple?cadena=C%C3%B3digo+Penal>

Ministerio del Interior de Chile. Decreto Supremo Nº 363, (1991, 26 abril). Crea el Consejo Coordinador de Seguridad Pública. En Biblioteca del Congreso Nacional, [en línea]. [Consultado el 19.OCT.2010], disponible en:

<http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=12714&buscar=Decreto+N%C2%BA+363+Interior+1991>

Ministerio del Interior de Chile. Ley Nº 19.212, (1993, 30 abril). Crea la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones (DISPI). En Biblioteca del Congreso Nacional, [en línea]. [Consultado el 19.OCT.2010], disponible en:

<http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30579&buscar=Ley+N%C2%BA+19.212++interior+1993>

Ministerio del Interior de Chile, Ley Nº 19.974, (2004, 02 octubre). Sobre el sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia. En Biblioteca del Congreso Nacional, [en línea]. [Consultado el 15.OCT.2010], disponible en:

<http://www.leychile.cl/Consulta/listaresultadosimple?cadena=Ley+N%C2%BA+19.974+2004>

Ministerio del Interior de Chile. Ley Nº 20.000, (2005, 16 febrero). Que sustituye la Ley Nº 19.366 y sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas. En Biblioteca del Congreso Nacional, [en línea]. [Consultado el 18.OCT.2010], disponible en:

<http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=235507&buscar=Ley+N%C2%BA+20.000+2005>

Libros:

Vera Lama, Rodrigo. (2008). Sistema de Inteligencia del Estado a la luz del Derecho. Santiago, Chile: Librotecnia.

Prensa en línea:

Diario Cambio de Bolivia, edición del 14.ENE.2010. Gobierno plantea 15 leyes para la seguridad nacional, [en línea]. [Consultado el 16.OCT.2010], disponible en:

<http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2010-01-14&idn=13388>

Diario El Mercurio de Chile, edición del 10.NOV.2003. Denuncian presunto espionaje en consulado, [en línea]. [Consultado el 02.SEP.2010], disponible en:

<http://diario.elmercurio.cl/detalle/index.asp?id={77f62d0d-8ec1-40c8-96ef-0629c8137df2}>

Diario El Mercurio de Chile, edición del 21.JUN.2004. Sanciones por espionaje en consulado, [en línea]. [Consultado el 02.SEP.2010], disponible en:

<http://diario.elmercurio.cl/detalle/index.asp?id={9309ed96-ae8b-4696-a699-c1b191bbe521}>

Diario El Mercurio de Chile, edición del 17.SEP.2005. 61 días por espionaje a consulado argentino, [en línea]. [Consultado el 02.SEP.2010], disponible en:

<http://diario.elmercurio.cl/detalle/index.asp?id={58afd1f7-19e4-491a-950a-a26917aa9d9e}>

Diario La Nación de Argentina, edición del 10.NOV.2003. Robo en un consulado argentino en Chile, [en línea]. [Consultado el 03.SEP.2010], disponible en:

<http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=544039>

Diario La Nación de Chile, edición del 28.OCT.2005. Espionaje: cónsul argentino era un agente, [en línea]. [Consultado el 04.SEP.2010], disponible en:

<http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20051027/pags/20051027213836.html>

Diario La Prensa Austral, edición del 04.OCT.2010. Defensor de ex agente de inteligencia cree que debió dictarse fallo absolutorio, [en línea]. [Consultado el 16.OCT.2010], disponible en:

<http://www.laprensaaustral.cl/lpa/noticias_anteriores.asp?id=15873


[1] Diario El Mercurio, [en línea]. 10.NOV.2003. Denuncian presunto espionaje en consulado.

[2] Diario La Nación de Argentina, [en línea]. 10.NOV.2003. Robo en un consulado argentino en Chile.

[3] Diario La Nación [en línea]. 28.OCT.2005. Espionaje: cónsul argentino era un agente.

[4] Diario El Mercurio, [en línea]. 21.JUN.2004. Sanciones por espionaje en consulado.

[5] Diario El Mercurio, [en línea]. 17.SEP.2005. 61 días por espionaje a consulado argentino.

[6] Corte Suprema, [en línea], 30.ENE.2007. Sentencia dictada en causa Rol 5059 – 05.

[7] Diario La Prensa Austral, [en línea]. 04.OCT.2010. Defensor de ex agente de inteligencia cree que debió dictarse fallo absolutorio.

[8] Diario Cambio, [en línea]. 14.ENE.2010. Gobierno plantea 15 leyes para la seguridad nacional.

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